MADRID.— El Tribunal Supremo ha asestado un duro varapalo a las pretensiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez al ratificar la suspensión cautelar del derecho al voto de las personas nacionalizadas a través de la conocida como ‘ley de nietos’ para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado en dos autos conocidos este lunes las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado contra la medida cautelar que ya se había adoptado el pasado 10 de septiembre.
Con esta resolución, la Justicia mantiene congelado el censo para este colectivo al apreciar irregularidades y un riesgo real de manipulación electoral por la vía de los bautizados como “falsos nietos del exilio”, una maniobra con la que las acusaciones sostienen que el Gobierno buscaba alterar el censo a su favor.
Preservar la veracidad de las urnas
En sus resoluciones, los magistrados argumentan que existen intereses generales «de carácter supraindividual, entre los que se encuentra el de preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral, que deben prevalecer sobre el interés particular del ciudadano».
El conflicto judicial arrancó el pasado mes de julio a instancias de la formación Iustitia Europa y de Vox. Ya en septiembre, el Tribunal Supremo advirtió de la existencia de un «peligro fundado, real y serio» de alteración de la representatividad electoral al analizar los datos del Censo de los Electores Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA).
Según refleja la causa, el censo de españoles en el exterior experimentó un crecimiento anómalo, alcanzando los 2.736.522 electores a fecha de 1 de julio de 2026, lo que suponía un vertiginoso aumento respecto a los 2.328.260 registrados en las elecciones generales de julio de 2023. Ante esta discrepancia masiva, la Justicia ha optado por blindar las garantías del proceso electoral del 29-N impidiendo la participación de los nuevos nacionalizados por esta norma hasta que no se resuelva el fondo del asunto.
