Un juez acogió este viernes el pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador de prisión preventiva contra la excandidata presidencial Luisa González y otros dos implicados en una investigación denominada “Laberinto” por presunto financiamiento irregular de la campaña electoral por la Presidencia en 2023 del movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC).
“Juez acoge el pedido de Fiscalía y dicta prisión preventiva para Luisa G., Santiago D. y Wendy O. Para Estefanía M. dispone presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia electrónica”, indicó la FGE en su cuenta en la red social X.
Previamente, el vocero del Gobierno, Julio José Neira, dijo que González, exlíder nacional de la RC, fue detenida la víspera para investigar un presunto delito de lavado de activos por el financiamiento de su campaña electoral en 2023.
El funcionario explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga de dónde salió el monto en cuestión, quiénes intervinieron en su circulación y cuál fue la participación de las personas naturales y jurídicas involucradas.
“En ese marco se realizó la detención de Luisa González para la respectiva formulación de cargos por presunto lavado de activos. El financiamiento electoral debe de ser transparente”, enfatizó.
Señaló que en democracia las reglas son para todos y por ello cada recurso debe tener un origen verificable.
“La hipótesis que investiga la Fiscalía apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela, que habría financiado la campaña presidencial del 2023 del binomio Luisa González y Andrés Arauz”, indicó.
Según precisó, González y al menos otras ocho figuras vinculadas a la RC también son investigados, entre ellos el expresidente Rafael Correa (2007-2017), fundador de esta agrupación política, la mayor de la oposición en el país.
Neira apuntó que en un chat de un cooperador en la investigación le escribió a un contacto identificado en su celular como Aquiles Álvarez, –quien es alcalde de la ciudad de Guayaquil, actualmente privado de su libertad en la mayor cárcel de máxima seguridad del país–, y le preguntó por el presupuesto global de campaña y salió a relucir la cifra de 500.000 dólares.
En la audiencia, Fiscalía explicó que el movimiento Revolución Ciudadana, Lista 5, habría contado con fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos para financiar la campaña presidencial anticipada de 2023.
La investigación se centra en presuntas inconsistencias en el origen y la justificación de los aportes económicos, así como en los gastos de publicidad electoral que no habrían sido reportados.
Caso Laberinto: Fiscalía formula cargos contra 4 personas por presunto lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1230-DC-2026
Quito (Pichincha), 23 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra Luisa Magdalena G. A., Joseph Santiago D. A., Estefanía Elizabeth M. F. y Wendy Lorena O. G. por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
En la audiencia, Fiscalía explicó que el movimiento Revolución Ciudadana, Lista 5, habría contado con fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos para financiar la campaña presidencial anticipada de 2023.
La investigación se centra en presuntas inconsistencias en el origen y la justificación de los aportes económicos, así como en los gastos de publicidad electoral que no habrían sido reportados.
Aportes declarados y mecanismo paralelo
Según lo expuesto por Fiscalía, la responsable del manejo económico de la campaña, Estefanía Elizabeth M. F., presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sesenta y cuatro registros de aportes de personas naturales por 201.360 dólares.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación fiscal, entre mayo y octubre de 2023 se habría desarrollado paralelamente un mecanismo de financiamiento basado en la transferencia, conversión y utilización de recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.
En esta trama habría participado la compañía Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., vinculada al entorno empresarial de Aquiles David A. H.
Tanto esta persona como la compañía registran una sentencia condenatoria de primera instancia en el denominado caso “Triple A”, por hechos relacionados con la comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos.
Dos modalidades
Según Fiscalía, los recursos habrían circulado mediante dos mecanismos:
- Transferencias bancarias: pagos desde cuentas de Ternape a proveedores de publicidad electoral. Las proformas se habrían emitido a nombre del movimiento político, mientras que las facturas posteriores figurarían a nombre de Ternape. Una comunicación del 18 de agosto de 2023 instruiría que la factura no contuviera la palabra “campaña”, lo que, para Fiscalía, constituiría un indicio de una posible intención de desvincular los pagos de su destino electoral.
- Cheques al portador: su cobro habría permitido convertir recursos bancarios en efectivo para pagar brigadistas, movilización y logística.
Según Fiscalía, estas operaciones se habrían coordinado desde la estructura empresarial investigada y habrían permitido movilizar aproximadamente 500.000 dólares mediante un presunto esquema de lavado de activos.
