BUENOS AIRES — Este viernes, a las 12:57, concluyó de manera telemática a través de la plataforma Zoom la primera audiencia del juicio oral de la causa conocida como “Hotesur-Los Sauces”, un proceso judicial que sienta en el banquillo de los acusados por corrupción a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner. En el caso de la expresidenta, su intervención se hizo desde la prisión domiciliaria que cumple por estar condenada en la causa de corrupción Vialidad.
En el caso “Hotesur-Los Sauces” el expediente investiga un entramado de “maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita” vinculadas al manejo de sociedades hoteleras y al alquiler de propiedades inmobiliarias durante los gobiernos kirchneristas.
La acusación: Retorno de fondos y contratos simulados
En el inicio del juicio, tras la lectura de la investigación impulsada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la Justicia dio a conocer que se trató de “una maniobra ilícita ideada por Néstor y Cristina Kirchner” durante su estadía en el gobierno nacional.
La investigación sostiene que distintos empresarios beneficiados con cuantiosos contratos de obra pública y concesiones del Estado —entre los que se destacan Lázaro Báez y Cristóbal López— devolvían parte de esos fondos públicos a la familia presidencial.
Este retorno de dinero se habría instrumentado mediante alquileres simulados de:
Habitaciones de hoteles administrados por la firma Hotesur S.A.
Propiedades inmobiliarias pertenecientes a Los Sauces S.A.
Según se ventiló en la lectura de los cargos, dichos inmuebles y plazas hoteleras, en numerosas ocasiones, “nunca eran ocupados”.
El rol operativo y la imputación a Máximo Kirchner
Durante la lectura de los cargos, los fiscales detallaron la situación judicial de los principales implicados, entre los que se encuentran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, además de contadores, administradores y otros intermediarios.
A Máximo Kirchner se le imputó haber tomado parte como “organizador de una asociación ilícita” dedicada a apoderarse de fondos públicos entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, cometiendo delitos de defraudación contra el Estado y lavado de dinero.
La fiscalía remarcó que el diputado Kirchner tuvo un rol operativo clave:
Presidió Los Sauces S.A.**, la sociedad de la familia.
Coordinó la compra de inmuebles en Puerto Madero y hoteles en El Chaltén.
A partir de 2009, “conformó el quórum asambleario en soledad”, aprobando balances de forma unipersonal.
Firmó personalmente los contratos de alquiler con las empresas de Báez, movimientos que explicaron el “88% de la facturación” de la firma.
La responsabilidad de los exmandatarios
Para la Justicia, el circuito delictivo requirió necesariamente de la cúspide del poder político. La acusación remarcó que ambos exmandatarios -Néstor y Cristina Fernández de Kirchner- “aportaron el poder que la jerarquía y las facultades legales que su cargo le otorgaban”.
Para ello, actuaron junto con otros funcionarios públicos que dependían directamente de ellos —como ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados y autárquicos—, quienes facilitaron la adjudicación de los contratos y fondos investigados.
El proceso oral continuará en las próximas audiencias fijadas por el tribunal.
