Un amplio operativo federal de control migratorio ejecutado durante la administración de Donald Trump habría desencadenado una de las mayores crisis de derechos humanos vinculadas a la aplicación de leyes migratorias en Estados Unidos en los últimos años, según denuncia un informe publicado por Human Rights Watch.
La investigación, de 180 páginas, sostiene que la denominada Operación Metro Surge, desarrollada principalmente en Minneapolis, Saint Paul y zonas aledañas, estuvo marcada por graves abusos cometidos por agentes federales, incluyendo uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales, discriminación racial y condiciones de detención consideradas abusivas. La organización advierte que las consecuencias trascendieron a las personas directamente afectadas, generando un clima de temor que alteró profundamente la vida cotidiana de miles de residentes.
De acuerdo con el informe, el despliegue —considerado el más grande de agentes migratorios dentro del país desde el regreso de Trump a la Casa Blanca— provocó un ambiente de inseguridad generalizada que llevó a numerosas familias a permanecer confinadas en sus hogares por miedo a ser interceptadas en la vía pública. Como resultado, miles de personas dejaron de asistir a sus trabajos, escuelas, consultas médicas e incluso tratamientos de urgencia.
Human Rights Watch recopiló testimonios de más de 130 personas, entre ellas inmigrantes, abogados, profesionales de la salud, educadores, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos. La organización también revisó material audiovisual, expedientes judiciales, registros oficiales y estudios independientes para reconstruir el impacto de la operación.
Entre los hechos más graves documentados figuran dos muertes causadas por disparos de agentes federales en enero de 2026, casos que generaron indignación a nivel nacional. La investigación también señala múltiples incidentes en los que funcionarios apuntaron armas de fuego contra civiles sin justificación aparente, utilizaron dispositivos químicos y granadas aturdidoras, o emplearon fuerza física contra personas que no ofrecían resistencia.
El informe sostiene además que aproximadamente 4.000 inmigrantes fueron detenidos durante la campaña. Más de tres cuartas partes de ellos no registraban antecedentes penales en Estados Unidos. Diversos recursos judiciales presentados posteriormente derivaron en órdenes de liberación o audiencias de fianza para un elevado porcentaje de los detenidos, alimentando cuestionamientos sobre la legalidad de numerosos arrestos.
Otro de los hallazgos centrales apunta a un patrón de discriminación racial en las actuaciones de las autoridades federales. Según la investigación, personas pertenecientes a minorías étnicas fueron sometidas con mayor frecuencia a controles, detenciones e interrogatorios. Varios ciudadanos estadounidenses entrevistados aseguraron haber comenzado a portar permanentemente documentos de identidad o pasaportes por temor a ser detenidos debido a su apariencia física.
La tensión también se trasladó a las calles. Organizaciones locales reportaron centenares de arrestos de ciudadanos estadounidenses que participaban en protestas o que documentaban procedimientos de las autoridades migratorias. Los investigadores consideran que parte de estas detenciones podrían haber vulnerado derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y manifestación.
Las repercusiones sociales fueron especialmente visibles en los sistemas de salud y educación. Clínicas comunitarias registraron una fuerte caída en la asistencia de pacientes, mientras que miles de estudiantes dejaron temporalmente las aulas o migraron a modalidades de enseñanza virtual. Especialistas consultados por Human Rights Watch alertaron además sobre el deterioro de la salud mental de familias enteras, especialmente niños expuestos a redadas, arrestos y separaciones familiares.
Frente a este escenario, redes comunitarias y organizaciones civiles desplegaron mecanismos de apoyo para atender las necesidades más urgentes. Entre las iniciativas implementadas figuraron programas de distribución de alimentos, asistencia económica, transporte para trabajadores y estudiantes, y acompañamiento para personas que requerían atención médica.
Aunque la Operación Metro Surge concluyó oficialmente, Human Rights Watch sostiene que sus efectos continúan presentes en las comunidades afectadas. La organización reclama reformas profundas dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de sus agencias migratorias, así como mecanismos más sólidos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.
La entidad también informó que remitió un resumen de sus hallazgos y una serie de consultas al DHS antes de la publicación del informe, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
Para los autores de la investigación, el caso de Minnesota constituye una evidencia contundente de los riesgos que surgen cuando las operaciones de seguridad migratoria se desarrollan sin controles efectivos. El informe concluye que la reparación a las víctimas y la implementación de reformas estructurales serán fundamentales para restaurar la confianza pública y prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos.
