CIUDAD DE GUATEMALA – El reloj de arena se agota para la fiscal general María Consuelo Porras. Con la activación formal de la Comisión de Postulación este mes de enero, Guatemala ha iniciado oficialmente el proceso para elegir al próximo titular del Ministerio Público (MP), marcando lo que muchos sectores civiles y la comunidad internacional consideran el cierre de uno de los capítulos más oscuros para la justicia guatemalteca.
A diferencia de 2022, cuando Porras logró una polémica reelección bajo el gobierno de Alejandro Giammattei, el panorama de 2026 es radicalmente distinto. La Fiscal General, señalada sistemáticamente por sabotear la democracia y perseguir a operadores de justicia, se enfrenta a un aislamiento político y diplomático que hace prácticamente imposible su continuidad para el periodo 2026-2030.
Un mandato bajo el fuego de las sanciones
La gestión de Porras no será recordada por sus índices de eficiencia, sino por la acumulación de sanciones internacionales sin precedentes para un funcionario de su rango:
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Estados Unidos: Incluida en la “Lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos.
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Unión Europea y Canadá: Sancionada por sus intentos de interferir en la transición de mando tras las elecciones de 2023 y por el debilitamiento sistemático del Estado de derecho.
Estas designaciones no son meros trámites diplomáticos; representan un consenso global sobre su papel en la instrumentalización de la justicia para proteger a redes de corrupción y hostigar a periodistas, jueces y fiscales independientes, muchos de los cuales hoy se encuentran en el exilio.
El muro de la Comisión de Postulación
Fuentes cercanas al proceso legislativo indican que, aunque Porras ha insinuado su deseo de mantenerse en el poder, la presión social y el cambio en la configuración política del país sugieren que no será tenida en cuenta. El Ejecutivo, liderado por Bernardo Arévalo, ha sido vocal en su rechazo a la gestión de la fiscal, calificándola como el principal obstáculo para la transparencia en el país.
“La elección de este año no es solo un cambio de nombre; es una prueba de fuego para las instituciones guatemaltecas. El país no puede permitirse otros cuatro años de aislamiento internacional y persecución política”, señalan analistas de derechos humanos.
Los desafíos del nuevo titular
Quien asuma el cargo en mayo de 2026 tendrá la titánica tarea de reconstruir un Ministerio Público desmantelado y recuperar la confianza de una ciudadanía que ha pasado años manifestándose en las calles para exigir la renuncia de Porras.
La lista de aspirantes ya comienza a sonar en los pasillos de la Corte Suprema, y esta vez, el escrutinio público será más severo que nunca. Guatemala busca un fiscal que aplique la ley, no que la convierta en un arma política.
