
En la causa en la que fueron solicitadas las excarcelaciones se investigan los delitos de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles.
El perjuicio patrimonial ocasionado al Estado Nacional se ha establecido en más de 100 millones de euros, en virtud de la compra de trenes a España y Portugal durante el periodo comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2009, en el cual Ricardo Raúl Jaime era el titular de la Secretaría de Transporte de la Nación y Manuel Vázquez su asesor de gabinete.









