Quito, (Andes).- El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, propuso este miércoles una reunión entre el presidente de su país, Juan Manuel Santos, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, para resolver la crisis en un tramo de la frontera binacional, cerrado desde el pasado 19 de agosto por orden del gobierno venezolano.
“Descartados como parecen haber sido los escenarios hemisféricos para solucionar el conflicto entre los dos países, en mi condición de expresidente de Colombia, formulo una invitación cordial a los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro para que, siguiendo una larga tradición en la solución de nuestras crisis binacionales, se reúnan en un sitio emblemático para poner fin a las diferencias e inaugurar una nueva etapa de auspicioso relacionamiento para nuestros pueblos”, señaló Samper en un comunicado.
Según el titular de la Unasur, exmandatario colombiano entre 1994 y 1998, la conmemoración del bicentenario de la publicación de la Carta de Jamaica el 6 de septiembre de 1815, de Simón Bolívar, podría ser una “buena oportunidad” para construir una nueva etapa de relaciones entre Colombia y Venezuela.
“En este sentido, Unasur ratifica su disposición de acompañar y apoyar todas las iniciativas que conduzcan a mantener la vigencia de los derechos humanos, la paz y la integración de nuestros pueblos”, añadió.
En la misiva, se señala la preocupación de Samper por la situación de los derechos humanos en la zona limítrofe en el evento preparatorio del Seminario de Derechos Humanos que se desarrollará en la sede de Unasur en Quito este jueves.
“Quienes me conocen en Colombia saben que siempre he estado del lado de los necesitados. En Colombia nadie me da lecciones en materia de defensa de los derechos humanos. Defendí precisamente a muchos de los que hoy están regresando a nuestro país cuando fueron desplazados por los grupos paramilitares” años atrás, afirmó Samper, respondiendo a críticas de algunos sectores en Colombia que cuestionan su papel al frente de Unasur en medio de la crisis colombo-venezolana.
Desde el cierre de la frontera decretado por el gobierno venezolano con el objetivo de luchar contra el paramilitarismo, el contrabando y la “guerra económica”, Venezuela ha deportado a unos 1.100 ciudadanos colombianos indocumentados en su territorio, y según estimados otros 10.000 habrían retornado por su cuenta, lo cual ha generado una situación humanitaria compleja que incluye supuestas denuncias de violaciones a los derechos humanos de los colombianos.
Maduro decretó el estado de excepción y cerró varios puntos fronterizos del estado de Táchira, que limita con el departamento colombiano de Norte de Santander, tras un ataque armado contra tres militares y un civil venezolanos, atribuido por Caracas a paramilitares colombianos.
La crisis fronteriza no se trató en una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), como pedía Colombia al no lograr los votos necesarios para convocarla. La situación tampoco fue abordada en Unasur, que preveía una reunión de ministros el 3 de septiembre, cita que posteriormente fue aplazada para el 8 de ese mes aunque poco después el presidente Santos confirmó que su país desistía del encuentro al no haber sido convocado de urgencia como había sido su pedido.
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