Según ACNUR, en marzo de este año tuvieron lugar desplazamientos colectivos en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, y durante mayo al menos 360 familias de un barrio de la capital se vieron obligadas a dejar sus hogares e irse al interior del país.
La guerra entre pandillas, la extorsión, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y la inseguridad son algunos de los factores a los que se atribuye esta situación.
Las personas del colectivo LGBTI continúan siendo víctimas de amenazas, ataques y homicidios fruto de la discriminación y la exclusión social.
Además, otros grupos como son los periodistas, profesores o estudiantes sufren agresiones o ataques cuando denuncian la violencia o corrupción.
ACNUR instó a las autoridades a realizar acciones concertadas para abordar las causas de la erradicación forzada y proteger los derechos de los desplazados.
Asimismo, solicitó la adopción urgente de un marco legal que garantice una respuesta eficaz a las comunidades afectadas, la designación de un representante para los desplazados, la inclusión de la tipificación del delito de desplazamiento forzado en el código penal hondureño y la definición de un sistema de control para mitigar los riesgos de desplazamiento.
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