Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron “por unanimidad” dar trámite al antejuicio solicitado por el MP y la CICIG en contra del presidente Otto Pérez Molina por su supuesta vinculación al caso de corrupción aduanera conocido como La Línea y, tal como manda la ley, remitió el expediente al Congreso de la República para que siga su trámite correspondiente.
La comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. El propósito de la Comisión Pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos. Igualmente corresponde a la Comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario.
La misión de la Comisión Pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos.
Se presenta moción para que se le fije un plazo de 4 días a la Comisión Pesquisidora para que presente su informe al Pleno, el cual deberá conocerse el martes en Sesión Plenaria.
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