El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que actualiza la normativa vigente desde 2003 para adaptarla a los profundos avances que ha vivido el sector y para favorecer el desarrollo futuro de la economía digital.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que la norma dota a los operadores de telecomunicaciones de un marco jurídico y técnico que les facilitará el despliegue de sus redes y la prestación de sus servicios, lo que “redundará en mejores ofertas para los ciudadanos y para las empresas, ya que supone mayor oferta de servicios a menores precios, con mayor cobertura, así como la aparición de servicios más innovadores y de mayor calidad”.
Este proyecto, a juicio de la vicepresidenta, supone un avance muy importante en la reforma de las administraciones públicas porque implica su coordinación para desplegar redes y la simplificación de licencias y procedimientos a la hora de llevar a cabo actividades sujetas a esta ley.
Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha destacado que el sector de las telecomunicaciones es esencial para la impulsar el crecimiento y generar empleo.
Según los estudios de la Comisión Europea, la difusión de banda ancha contribuye en un 0,7% de crecimiento de Producto Interior Bruto (PIB). Por cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10% , el crecimiento del PIB es entre el 1% y el 1,5% y doblar la velocidad de la banda ancha supone un incremento del 0,3% del PIB. Además, se estima que en la Unión Europea se generarán 100.000 empleos asociados a la innovación en servicios entre 2010 y 2015, que ascenderán a dos millones en 2020 .
El ministro ha explicado que los objetivos de la futura ley son “facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su cobertura, así como mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios más asequibles”.
Para alcanzar estos objetivos se impulsará la competencia, se recuperará la unidad de mercado y se pondrá freno a la dispersión normativa existente entre las distintas administraciones, se simplificarán los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico y se pondrán a disposición de los operadores los recursos necesarios para facilitar el despliegue de redes.
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