Ferre ha destacado que la investigación arroja 13 imputaciones erróneas a la Infanta sobre transmisiones producidas en 2005 y 2006. Once de ellas tienen origen en la transmisión de datos que notarios y registradores realizaron al Ministerio de Hacienda. Concretamente, la información recibida en la Agencia Tributaria figuraba erróneamente atribuida al DNI “14” sin letra de control. Ello provocó la imputación al único DNI “14” que figuraba en la base de datos.
Por otro lado, en otras dos ocasiones sí se produjo un error en el proceso manual desarrollado por la Agencia Tributaria al incorporar estas operaciones en sus bases de datos.
Ferre subrayó que “no caben especulaciones de otro tipo más allá de los lamentables errores de gestión producidos, en la transmisión de datos de terceros en esa época”. En este sentido, destacó cómo para los datos a partir de 2007 los procesos de identificación e imputación de la información procedente de terceros, aplicados en la Agencia Tributaria han mejorado sustancialmente. “Ahora la información no se vincula exclusivamente al NIF o DNI sino también al nombre y los apellidos de las personas en cuestión; por tanto a partir de 2007 esos procedimientos han mejorado y esos errores no se producen”, dijo.
EN APLICACIÓN DE LA LEY
Por otro lado, destacó que la información remitida al juez se hizo conforme a lo asignado en el artículo 95 de la Ley General Tributaria sobre cesión de información tributaria, en donde se estipula que tales envíos de datos se realizan sin que hayan sido sometidos a verificación previa a su automatización. Indicó que se precisa siempre al juzgado que se trata de información de terceros, en el marco del convenio de colaboración que se mantiene con los mismos. Esta información de terceros no cabe ser variada por la Agencia Tributaria sino que son estos mismos los que, en su caso, pueden modificarla.
Ferre explicó, asimismo, que la Agencia Tributaria está colaborando activa y plenamente con la Justicia en cuantas peticiones de auxilio requiera referentes al ‘caso Nóos’, como así estipula la ley. Estas peticiones de auxilio sí requieren de los procesos de comprobación, investigación y análisis pertinentes.
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