La crisis de confianza en el Supremo Tribunal Federal de Brasil: encuestas, controversias judiciales y debates institucionales

Con índices de desconfianza que alcanzan hasta el 61%, la Corte Suprema enfrenta cuestionamientos tras la filtración de conversaciones de los jueces del STF con el exbanquero Daniel Vorcaro y la revisión judicial de las condenas vinculadas al expresidente Jair Bolsonaro

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Tribunal Supremo Federal (TSF) - Foto: Agencia Brasil

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil atraviesa un período de intenso escrutinio público y político, marcado por un descenso en sus índices de aprobación según diversas encuestas de opinión y por recientes actuaciones judiciales vinculadas a investigaciones de alto perfil y debates sobre la separación de poderes.

El deterioro de la percepción pública según las encuestas

De acuerdo con mediciones de las principales consultoras de opinión pública en Brasil, la percepción ciudadana sobre la máxima instancia judicial muestra niveles significativos de desconfianza y evaluación negativa:

Encuesta Nivel de desconfianza / Evaluación negativa Nivel de confianza / Evaluación positiva
Datafolha 48% expresa desconfianza (el registro más alto de su serie histórica). El rechazo a su gestión alcanza el 47%. 14% manifiesta confiar mucho; 35% confía un poco.
AtlasIntel / Estadão Entre el 60% y el 61% de los encuestados declara no confiar en el trabajo de los ministros. 27,8% manifiesta tener confianza en el tribunal.
Quaest 56% señala que no confía en la institución. 9% confía mucho; 30% confía poco.

Sectores críticos de la opinión pública, analistas políticos y referentes de la oposición sostienen que esta caída en la credibilidad responde a una supuesta politización de la Corte y a decisiones que, según argumentan, favorecen al Poder Ejecutivo encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva en detrimento del equilibrio entre poderes. Por otro lado, defensores de la institución y juristas afines argumentan que el tribunal actúa en defensa del orden constitucional y que el desgaste responde a campañas de desinformación y ataques sistemáticos contra el sistema judicial.

El caso Banco Master y la remisión de informes a la Fiscalía

A este escenario se suma la controversia generada en torno a la investigación del caso Banco Master y su exdirectivo, el banquero Daniel Vorcaro, detenido en el marco de pesquisas por presuntas estafas financieras.

Este jueves 19, el presidente del STF y relator provisional del caso, el ministro Edson Fachin, resolvió remitir a la Procuraduría General de la República (PGR) cuatro informes elaborados por la Policía Federal (PF). Dichos documentos, entregados el miércoles 18 por las autoridades policiales, recogen menciones a los magistrados Alexandre de Moraes, André Mendonça, Kassio Nunes Marques y Dias Toffoli en conversaciones extraídas del teléfono celular de Vorcaro.

De forma paralela, Fachin dispuso el archivo de otros seis informes policiales en los que figuraban menciones a los ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin y al propio Fachin. Debido al carácter confidencial del expediente, los fundamentos del archivo y el contexto exacto en el que aparecen los nombres de los magistrados no han sido divulgados públicamente. Esta decisión ha generado cuestionamientos entre sectores críticos, quienes señalan un posible conflicto de interés al haber resuelto el propio presidente del tribunal sobre un informe en el que su nombre estaba incluido.

Ahora corresponderá al titular de la PGR, Paulo Gonet —quien también ha sido objeto de señalamientos en el debate público respecto a supuestos vínculos con el entorno del caso—, evaluar el material remitido. El fiscal general deberá decidir si solicita el archivo de las actuaciones por falta de elementos probatorios o si pide la apertura formal de una investigación, paso que requeriría la autorización previa del pleno del STF.

Agenda judicial: revisión de penas por los hechos del 8 de enero

En paralelo a las repercusiones del caso Master, el ministro Alexandre de Moraes fijó para el próximo 4 de diciembre el inicio de una audiencia virtual para analizar la constitucionalidad de la ley que modifica el cálculo de las penas (dosimetría) para los condenados por los ataques a las sedes de los tres poderes ocurridos el 8 de enero de 2023. La eventual aplicación de esta norma podría tener implicaciones directas en la situación judicial de los procesados, incluido el expresidente Jair Bolsonaro.

La inclusión del tema en la agenda del tribunal se produjo tras reuniones mantenidas entre Moraes y los presidentes de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), y del Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), quienes solicitaron dar celeridad al tratamiento de la normativa aprobada por el Congreso.

El papel de Moraes en estas causas continúa dividiendo las aguas en el escenario político brasileño: mientras sus críticos y el entorno del exmandatario Bolsonaro cuestionan su imparcialidad y lo señalan como un adversario político, sectores institucionales y aliados del actual gobierno respaldan su actuación como necesaria para sancionar los actos contra el sistema democrático.