Por Paco Tilla.-
La salud de una república se mide, antes que por la alternancia en el poder, por la solidez y la independencia de sus contrapesos institucionales. Cuando la línea que separa al Poder Ejecutivo de los máximos tribunales de justicia se desdibuja, la democracia deja de ser un sistema de garantías para convertirse en una fachada de legitimación. Lo que ocurre actualmente en Brasil bajo la administración de Luiz Inácio Lula da Silva ilustra con crudeza este peligro: la transformación progresiva del Supremo Tribunal Federal (STF) en una corte de aliados políticos, donde la imparcialidad judicial parece haber quedado relegada frente a la lealtad partidaria.
La independencia de poderes, piedra angular del Estado de derecho, sufre un desgaste evidente cuando los nombres propios que integran la máxima corte responden a trayectorias de cercanía ideológica o personal con el mandatario de turno. El mapa de los nombramientos y las actuaciones recientes del STF expone un alineamiento que trasciende la mera coincidencia jurídica y se adentra en el terreno de la tutela política.
Los rostros de la cooptación judicial
La composición del STF brasileño se ha convertido en el reflejo de un diseño estratégico orientado a blindar al Ejecutivo. Lejos de representar la pluralidad de la sociedad, los magistrados que marcan el pulso de las decisiones más sensibles exhiben vínculos directos con el Partido de los Trabajadores (PT) o con la órbita personal de Lula da Silva:
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Alexandre de Moraes: Señalado frecuentemente por la oposición como un actor de peso político desmedido, se le atribuye una injerencia directa en la gobernabilidad. Su figura se ha visto envuelta en cuestionamientos y polémicas en torno a investigaciones sobre presuntos vínculos y manejos financieros vinculados al sector bancario y su relación con el banquero preso Daniel Vorcaro.
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Edson Fachin: Presidente del STF, su rol es recordado por la decisión que anuló las condenas contra Lula. Dicha resolución no se basó en una declaración de inocencia sobre el fondo de las acusaciones de corrupción, sino en un tecnicismo de jurisdicción territorial del tribunal, lo que abrió la puerta al retorno político del actual mandatario.
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Cristiano Zanin: Exabogado defensor de Lula en sus causas de corrupción, su paso directo de la defensa técnica del líder petista a la cúpula judicial representa uno de los episodios más cuestionados en términos de conflicto de interés. Se le cuestiona haber dispuesto en forma ilegal la prolongación del horario de votación cuando las mesas ya estaban cerradas, acatando un pedido de su mentor para beneficiarlo electoralmente.
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Flávio Dino: Magistrado de militancia explícita en el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), exministro y estrecho amigo y compañero de Lula, fue nombrado por este para integrar el STF, consolidando la cuota partidaria en la alta magistratura.
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Cármen Lúcia: Designada durante el primer mandato de Lula, su historial de votaciones se caracteriza por acompañar sistemáticamente las decisiones a favor del gobierno del PT.
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Gilmar Mendes: Decano de la corte, apoya y defiende de manera recurrente las arbitrariedades y decisiones del STF que favorecen al Poder Ejecutivo de Brasil.
La estrategia del Foro de São Paulo en marcha
Este escenario no surge de la improvisación, sino que sintoniza con las tesis históricas impulsadas por el Foro de São Paulo. Fundada en 1990 en dicha ciudad brasileña por iniciativa conjunta de Lula da Silva y Fidel Castro, entre otros, esta organización nucleó a partidos y movimientos de la izquierda latinoamericana con el propósito explícito de replantear las estrategias para alcanzar y conservar el poder en la región.
Lejos de circunscribirse a la vía electoral tradicional, el Foro planteó entre sus cometidos la toma de todas las instituciones. El Documento Base del XXIII Encuentro del Foro de São Paulo, celebrado en Managua en 2017, lo explicita sin ambages:
“La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación. La izquierda debe aprovechar las jornadas electorales como tribuna para denunciar a la derecha y posicionar su proyecto. Utilizando no solamente lo que pasa en cada país, sino lo que pasa en el resto del mundo, ya sea a nuestro favor o cuestionando al imperialismo”.
La cita no es una anécdota archivada en la historia de los congresos partidarios; es una hoja de ruta cuya aplicación práctica se observa en el Brasil contemporáneo. La captura progresiva de los espacios de control republicano —empezando por la justicia constitucional— demuestra que la teoría de la hegemonía institucional dejó los libros y los manifiestos para convertirse en gestión cotidiana.
Conclusión
Una democracia sin justicia independiente es, en los hechos, un régimen vaciado de contenido democrático. Cuando los jueces actúan como guardianes de los intereses de un partido político o de un líder en lugar de ser los custodios imparciales de la Constitución, los ciudadanos quedan desamparados frente al poder arbitrario.
Lo que sucede en Brasil interpela a toda la región: nos recuerda que la erosión institucional rara vez ocurre mediante golpes de fuerza estridentes, sino a través de la ocupación sistemática y legal de los resortes del Estado, cumpliendo paso a paso con manuales ideológicos diseñados hace décadas. Defender la democracia hoy exige, de manera ineludible, denunciar y resistir la colonización de la justicia.
