La iniciativa, impulsada bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa y los lineamientos del ministro del Interior, John Reimberg, pretende modificar la gestión del sistema penitenciario mediante una distribución de los internos basada en criterios técnicos y niveles de riesgo. El propósito es limitar la capacidad de las estructuras delictivas para mantener sus redes de influencia, coordinar actividades y ejercer poder al interior de los recintos.
El nuevo esquema establece cuatro categorías de seguridad: mínima, media, máxima y máxima especial. La asignación de cada persona privada de libertad responderá a parámetros de seguridad penitenciaria, con el fin de establecer controles diferenciados y fortalecer la administración de la población carcelaria.
Una ofensiva contra las estructuras criminales
La clasificación forma parte de la estrategia gubernamental para recuperar el control institucional de las prisiones y debilitar a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). La reorganización de los internos busca interrumpir las cadenas de mando que permiten a estas organizaciones conservar su influencia y capacidad operativa desde los centros penitenciarios.
El plan también apunta a mejorar la gestión de los establecimientos y generar condiciones más favorables para los procesos de rehabilitación y reinserción social, dos de los objetivos que el Ejecutivo vincula con la reorganización del sistema carcelario.
En el despliegue participan representantes del Ejecutivo, efectivos de la Policía Nacional, integrantes del Grupo Especial de Agentes de Seguridad Penitenciaria y funcionarios del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria. La intervención se desarrolla mediante la coordinación de los equipos policiales, administrativos y técnicos responsables de ejecutar el procedimiento.
El director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Mauricio Mayorga Vallejo, supervisó sobre el terreno el desarrollo de las actividades y destacó el trabajo del personal involucrado en la implementación de la medida.
Un cambio estructural en el sistema penitenciario
La primera etapa marca el comienzo de un proceso de reorganización penitenciaria que busca fortalecer la presencia del Estado en las cárceles ecuatorianas. La apuesta oficial consiste en reducir la capacidad de maniobra de las bandas, preservar el orden interno y establecer mecanismos de vigilancia acordes con los distintos niveles de peligrosidad.
