El pragmatismo del poder suele devorarse a la ideología, pero en la Venezuela de la cúpula post-Maduro, la capitulación se redacta a ritmo de extradición. La mandataria de facto, Delcy Rodríguez, junto a su hermano Jorge, ha emprendido una sistemática política de liquidación interna al ir entregando uno a uno a antiguos colaboradores y altos mandos del régimen ante los requerimientos de la justicia de Estados Unidos.
El traslado a territorio estadounidense del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas —socio principal del desmantelado entramado de corrupción de Alex Saab— marcó únicamente un nuevo hito en este goteo de entregas. Como adelantó la agencia Bloomberg y ha confirmado ABC mediante fuentes de seguridad nacional (HSI), la nómina de extraditables en la mesa de negociación no se detiene allí: las autoridades estadounidenses ultiman los expedientes para conseguir la custodiada entrega del exvicepresidente y exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
Para los hermanos Rodríguez, la sumisión ante Washington parece ser la única garantía para prolongar su propia supervivencia política e institucional. Entregar a las piezas sacrificables del viejo esquema gubernamental resulta un precio cómodo si con ello compran la condescendencia y legitimación operativa de la Casa Blanca.
Sin embargo, el verdadero interrogante de este ajedrez geoestratégico no radica en a quiénes entrega el Ejecutivo de facto, sino en la notoria omisión que resalta en el plano público: ¿por qué la administración de Donald Trump no exige de inmediato la extradición de Diosdado Cabello?
Sobre Cabello pesa una de las recompensas activas más elevadas del Departamento de Estado: 25 millones de dólares. Las acusaciones formales interpuestas por la justicia estadounidense contra él no son menores e incluyen graves delitos federales por conspiración para:
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Narcoterrorismo.
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Importación masiva de cocaína.
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Uso y portación de ametralladoras y dispositivos destructivos para el amparo y financiamiento de operaciones de narcotráfico.
Que la Casa Blanca no presione de manera determinante y pública por la captura inmediata del considerado “número dos” del chavismo abre un abanico de suspicacias políticas. ¿Se trata de un pragmático control de daños para evitar un colapso total de la infraestructura militar y policial en Caracas? ¿Existe algún pacto tácito de contención para mantener una frágil gobernabilidad interna mientras el chavismo remanente se purga a sí mismo?
Los rostros sacrificables: El Aissami y Maikel Moreno
Para dimensionar el calibre de las piezas que Delcy Rodríguez está dispuesta a entregar, basta examinar el perfil de dos de los hombres más oscuros del engranaje bolivariano:
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Tareck El Aissami: Considerado durante años uno de los hombres más poderosos e intocables de Venezuela, desempeñó cargos clave como vicepresidente de la República, ministro del Interior y ministro de Petróleo. Sancionado e imputado por EE. UU. por vínculos con el narcotráfico internacional, cayó en desgracia tras destaparse la mega red de corrupción “Pdvsa-Cripto”, pasando de ser el cerebro financiero del régimen a una ficha prescindible.
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Maikel Moreno: Expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y señalado como el brazo ejecutor judicial de Nicolás Maduro. Su historial es sombrío: estuvo preso tras ser condenado por un homicidio ocurrido en 1989 (e investigado por otros hechos violentos mientras pertenecía a los cuerpos policiales). Además, fue expulsado de los tribunales por presuntos nexos con redes de extorsión judicial (“La Banda de los Enanos”) antes de ser reciclado por el régimen para encarcelar opositores y desmantelar los contrapesos democráticos.
Mientras Delcy Rodríguez sigue desmantelando estos antiguos anillos de poder para mantenerse a flote, la impunidad preventiva que rodea a Diosdado Cabello demuestra que, en el tablero de las negociaciones de alto nivel, la justicia formal marcha al ritmo de la conveniencia política.
