A medida que se aproxima la segunda vuelta electoral y las encuestas confirman un escenario adverso para el oficialismo, la prudencia política ha dado paso a la desesperación en el Palacio del Planalto. La reacción desmedida de Luiz Inácio Lula da Silva, su esposa Janja y sus aliados más cercanos evidencia una crisis de nervios ante la posibilidad real de una derrota en las urnas. Una espiral de zozobra que los ha llevado a sobrepasar los límites de la contienda democrática mediante una narrativa de alarma infundada.
El reciente fallo de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques y André Mendonça, representa un freno institucional oportuno. Al ordenar la eliminación de una serie de publicaciones difundidas por Lula, Janja y su entorno, los magistrados fueron categóricos: “Esto va más allá de los límites de la crítica política”. Según los jueces, los mensajes del oficialismo no buscaban fiscalizar ni debatir, sino fabricar deliberadamente un “escenario catastrófico de indefensión social” atribuido de forma directa al candidato opositor, Flávio Bolsonaro.
En este esfuerzo por enrarecer el clima electoral previo a la votación decisiva, el oficialismo ha encontrado un aliado estratégico dentro de la propia alta corte: el magistrado Flávio Dino. Amigo personal de Lula e impuesto por este en el STF —sin haber renunciado jamás a su conocida militancia en el Partido Comunista—, Dino ha saltado al centro de la escena política para reforzar el relato gubernamental.
Este viernes, Dino utilizó su cuenta verificada de Instagram para hacer públicos extractos de un presunto informe de seguridad del propio Tribunal Supremo que compila algunos mensajes con amenazas de violencia física contra los integrantes de la corte. Entre las imágenes expuestas figuran publicaciones que afirman que Dino será “el primero en ser fusilado” por “prohibir el acceso a las armas”, o llamados explícitos a “invadir el Tribunal Supremo y hacerles a Moraes, Dino y Zanin lo que le hicieron a Tiradentes: decapitarlos en una plaza pública”. Sin embargo por el IP, la policía puede encontrar a los que amenazan.
Al difundir estas pruebas, Dino sostuvo que “el odio expresado proviene de la repetición de mentiras” y recordó que existen vías legales para apelar los fallos sin necesidad de incitar el ataque a los jueces. Sin embargo, el oportunismo de la movida resulta evidente. Lo que el ministro omite sistemáticamente es que la Sala Primera del STF se encuentra severamente cooptada por magistrados nombrados por el propio Lula, cuyos veredictos resultan ser, de manera casi invariable, favorables a las causas e intereses del Partido de los Trabajadores (PT).
Presentar este informe a días de los comicios busca sugerir, de manera velada pero inequívoca, una responsabilidad moral del candidato de la oposición en las amenazas recibidas por el tribunal. Agitar el fantasma de la violencia e instrumentalizar el prestigio de la magistratura para interferir en la preferencia de los votantes es el recurso desesperado de una gestión que ve desmoronarse sus apoyos. Cuando los números no acompañan y el proyecto político agota sus argumentos, el recurso al victimismo y la judicialización de la campaña suelen ser el último refugio frente al veredicto inminente de las urnas.
