La Corte Penal Internacional (CPI) ha reaccionado con vehemencia ante las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra varios de sus jueces y fiscales adjuntos. Al calificar estas medidas como un «ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial», el tribunal con sede en La Haya busca blindar su fuero. La advertencia es clara: restringir su labor frena la justicia internacional y deja desprotegidas a las víctimas que ven en esta instancia su último recurso.
Esta postura ha recibido un respaldo multilateral de peso. El Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió que las sanciones minan la capacidad del tribunal para cumplir su mandato y atentan contra la rendición de cuentas por los crímenes más atroces. En la misma línea, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, tildó las restricciones de «inaceptables» y exigió su retirada inmediata, mientras que la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, aseguró de forma tajante que la institución «no se dejará amedrentar».
Sin embargo, defender la independencia de la CPI no obliga a ignorar sus evidentes inconsistencias y sesgos de actuación. La firmeza con la que el tribunal responde al amedrentamiento contrasta de manera incómoda con su lentitud y selectividad en otros escenarios delictivos de gravedad superlativa.
Las medidas punitivas de Washington —país que, al igual que Israel, no es parte del Estatuto de Roma— escalaron a raíz de las órdenes de arresto emitidas con notable celeridad contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. En contraste, la actuación de la Fiscalía respecto a Venezuela proyecta una sombra constante de inacción. A pesar de que la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro se abrió formalmente en 2018 y cuenta con un acervo probatorio riguroso y concluyente —que incluso provocó la renuncia de un alto asesor de la Corte en protesta por la falta de avances—, el tribunal no ha emitido solicitudes de captura ni imputaciones formales contra la cúpula venezolana.
La CPI integra a 125 Estados parte y se define como un tribunal de última instancia dedicado exclusivamente al servicio de las víctimas. Si bien es legítimo que la comunidad internacional condene cualquier coacción externa contra sus funcionarios, la credibilidad de la Corte no solo depende de su resistencia a las presiones de las potencias, sino también de su coherencia procesal. Para exigir el respeto global a su mandato, el tribunal debe demostrar que la justicia penal internacional se aplica con el mismo rigor a todos los perpetradores, sin importar su alineación geopolítica o la conveniencia del momento.
