El juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena ha acordado dejar sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial, las órdenes nacionales de busca, captura y detención que pesaban sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación en el caso de la exconsellera Dolors Bassa.
La decisión del instructor de la causa del ‘procés’ se produce tras hacerse pública la resolución del Constitucional que estima el recurso de amparo presentado por Bassa contra la decisión que había impedido aplicar la amnistía a la malversación por la que fue condenada.
En su auto, Llarena advierte de que todavía no dispone del texto íntegro de la sentencia constitucional, por lo que evita anticipar cuál será su decisión definitiva respecto de Puigdemont, Comín y Puig. Sin embargo, considera que existe una coincidencia sustancial tanto en los hechos analizados como en la cuestión jurídica planteada, circunstancia que podría afectar al fundamento de las órdenes de detención que permanecían vigentes desde julio de 2024.
El magistrado subraya que el levantamiento provisional de las órdenes no supone reconocer de forma definitiva que la Ley de Amnistía sea aplicable a los tres dirigentes independentistas. Tampoco implica la extinción de su responsabilidad penal ni resuelve las demás cuestiones jurídicas todavía pendientes.
La resolución establece que, una vez que el Tribunal Supremo reciba el contenido completo de la sentencia del Constitucional, Llarena analizará su alcance y adoptará “sin demora” una nueva decisión. El juez podrá entonces confirmar las medidas adoptadas este martes o modificarlas mediante una resolución motivada y siguiendo los trámites previstos legalmente.
Como consecuencia inmediata, el Supremo ha ordenado comunicar el levantamiento de las órdenes a la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y al resto de autoridades que hubieran recibido las órdenes de detención. Todas ellas deberán abstenerse de ejecutar cualquier privación de libertad basada exclusivamente en dichas órdenes mientras permanezca vigente la decisión del magistrado.
Un giro judicial con consecuencias políticas
La resolución de Llarena introduce un nuevo elemento en uno de los principales conflictos políticos y judiciales de la legislatura española. La Ley de Amnistía, cuyo impulso fue determinante para la configuración de las mayorías que permitieron la investidura del Gobierno, vuelve a situarse en el centro de la agenda institucional.
El Tribunal Constitucional ha respaldado la aplicación de la amnistía en el caso de Dolors Bassa por una mayoría de siete magistrados frente a cinco. El criterio fijado por el tribunal de garantías puede tener efectos sobre otros recursos relacionados con la condena por malversación derivada del ‘procés’.
Entre los casos pendientes se encuentran los de Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Las ponencias relativas a Jordi Turull y Dolors Bassa ya apuntaban hacia la aplicación de la amnistía y cuestionaban la interpretación realizada por el Tribunal Supremo que había impedido extender el perdón al delito de malversación.
La decisión definitiva sobre Puigdemont y los demás dirigentes afectados quedará, por tanto, condicionada al contenido íntegro de la sentencia constitucional y al análisis que posteriormente realice el Tribunal Supremo. El levantamiento anunciado este martes constituye así una medida provisional, pero abre un escenario de gran trascendencia tanto para la situación judicial de los líderes del ‘procés’ como para el equilibrio político en torno a la Ley de Amnistía.
