El Gobierno de Chile, encabezado por José Antonio Kast ingresó este lunes al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, una iniciativa que combina un incremento real del gasto público de 1,5% con una solicitud de autorización para realizar operaciones de endeudamiento por hasta US$25.000 millones durante el próximo ejercicio fiscal.
La cifra representa un aumento respecto del límite de US$17.400 millones establecido originalmente para 2026. Sin embargo, la comparación debe considerar que durante este año el Congreso aprobó una ampliación de ese margen por otros US$6.200 millones, elevando la autorización disponible para 2026 a US$23.600 millones. Frente a ese techo actualizado, la solicitud principal para 2027 supone un incremento de US$1.400 millones.
El proyecto establece además una autorización independiente de hasta US$600 millones, con lo que las facultades de endeudamiento contempladas en el articulado alcanzan potencialmente los US$25.600 millones. Los instrumentos podrán emitirse tanto en pesos como en moneda extranjera.
La autorización, no obstante, no equivale a que el Estado vaya a contratar US$25.000 millones de deuda nueva durante 2027. El monto corresponde al límite para determinadas operaciones financieras, incluyendo amortizaciones e intereses, y contempla disposiciones que excluyen algunas obligaciones del cálculo y operaciones destinadas al prepago de deuda existente.
Mayor gasto, pero con una meta de consolidación fiscal
El Presupuesto 2027 considera un gasto público total de $105,8 billones, equivalente a más de US$111.000 millones, con un crecimiento real de 1,5% respecto del presupuesto anterior. El Ejecutivo presenta simultáneamente esta expansión acotada del gasto con una estrategia de consolidación de las cuentas fiscales.
La propuesta fija para 2027 una meta de déficit estructural de 1,8% del PIB, mientras el Gobierno sostiene que busca avanzar hacia una trayectoria fiscal sostenible después del deterioro registrado en los últimos ejercicios. La Dirección de Presupuestos ha señalado que el Ejecutivo está implementando medidas correctivas para contener los desequilibrios fiscales y estabilizar la trayectoria de la deuda.
El escenario fiscal constituye uno de los principales elementos que deberá enfrentar el Congreso durante la tramitación del proyecto, especialmente porque la autorización de endeudamiento coexistirá con el compromiso gubernamental de reducir el déficit estructural.
Menos contrataciones y restricciones al gasto administrativo
El proyecto también incorpora medidas destinadas a limitar el crecimiento del empleo y de determinados gastos dentro de la Administración Pública.
Entre las disposiciones destaca la reducción de 6.500 a 1.500 cupos disponibles para el traspaso de trabajadores a honorarios a la modalidad de contrata. A ello se suma una regla según la cual solo podrá reponerse un funcionario por cada tres cargos que queden vacantes debido a retiros o jubilaciones.
La iniciativa contempla además restricciones relacionadas con viajes y otros gastos administrativos, reforzando la orientación del Ejecutivo hacia una mayor contención del gasto corriente.
Una discusión fiscal clave para el segundo año de Gobierno
El ingreso formal del proyecto abre ahora una de las principales discusiones políticas y económicas del segundo año de la Administración Kast. El debate parlamentario deberá conciliar el aumento acotado del gasto con las necesidades de financiamiento del Estado, la evolución de la deuda pública y el objetivo oficial de reducir el déficit estructural.
La Dirección de Presupuestos ha planteado que la política fiscal del Gobierno busca recuperar una trayectoria sostenible de las finanzas públicas, mientras las cifras oficiales muestran que el déficit efectivo acumulado en 12 meses se redujo a 1,8% del PIB a agosto de 2026.
