Las consultoras y los sondeos preelectorales erraron de forma categórica. Anunciaban un empate técnico con Luiz Inácio Lula da Silva al frente, pero la realidad de las urnas desmintió sus modelos. Flávio Bolsonaro fue el verdadero triunfador político de la jornada electoral, ganando y yendo a una segunda vuelta que redefine por completo el escenario nacional.
Para entender el fenómeno del voto silencioso —aquel que escapa a los radares demoscópicos pero decide elecciones— hay que mirar hacia el factor institucional que minó las bases de la república: la destrucción sistemática del Poder Judicial por parte de Lula y la consiguiente crisis de credibilidad de la Corte Suprema.
El deterioro del Supremo Tribunal Federal (STF) no ocurrió por accidente; fue el resultado de una estrategia deliberada de cooptación mediante el nombramiento de magistrados orgánicos y alineados con la agenda del Partido de los Trabajadores (PT).
La composición actual de la Corte refleja una alarmante falta de neutralidad republicana. Es el caso de Cristiano Zanin, quien pasó directamente de ser el abogado personal de Lula en sus causas penales a ocupar un sillón en el máximo tribunal; o de Flávio Dino, nombrado tras su paso militante por el Partido Comunista de Brasil y el propio gabinete petista.
A este entramado se suman figuras clave cuyo accionar ha erosionado la confianza de la sociedad. El propio presidente del STF, Edson Fachin, fue quien firmó la liberación de Lula: un fallo que no lo declaró inocente de los graves cargos de corrupción que pesaban sobre él, sino que se amparó en un subterfugio de jurisdicción territorial. En esa misma línea operan magistrados como Cármen Lúcia y Gilmar Mendes, este último caracterizado por respaldar sistemáticamente las decisiones del bloque “lulista”. Por su parte, la actuación de Alexandre de Moraes —hoy envuelto e investigado por hechos de extrema gravedad— ha terminado por consolidar la imagen de un tribunal arbitrario y politizado.
En paralelo, la persecución constante y encarnizada sobre la familia Bolsonaro cruzó todos los límites éticos y procesales. Sin el menor pudor ni la intención de disimular la parcialidad, las instituciones judiciales actuaron como herramientas de desgaste contra el opositor político.
El resultado de esta primera vuelta es, en última instancia, un juicio directo del electorado a la arbitrariedad judicial. Cuando la ciudadanía percibe que la justicia deja de ser imparcial para transformarse en el escudo de impunidad de un gobierno y en el garrote contra la oposición, el secreto de la urna se convierte en el único refugio democrático para castigar el abuso. El desprestigio y la desconfianza generalizada en el STF terminaron cobrando su factura en los comicios, impulsando un voto castigo que vuelve a poner en jaque al proyecto de Lula en Brasil.
