El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva batería de medidas punitivas contra el régimen de La Habana, dirigidas a instituciones estatales, altos cargos del aparato oficial y sectores económicos clave, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio. La acción busca asfixiar la financiación de la represión en la isla y contrarrestar lo que Washington considera una campaña prolongada de subversión antiestadounidense, explicó el jefe de la diplomacia estadounidense.
El paquete de sanciones se fundamenta en la Orden Ejecutiva 14404, dictada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, la cual faculta al Ejecutivo para sancionar a responsables de violaciones a los derechos humanos y amenazas a la seguridad nacional norteamericana. Entre los sancionados destacan tres líderes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), encabezados por su presidente, Fernando González Llort.
González Llort, exespía cubano convicto que cumplió 15 años de prisión en suelo estadounidense por su papel en la Red Avispa —desmantelada en Florida a finales de la década de 1990—, es señalado por Washington de continuar sus esfuerzos por desestabilizar a Estados Unidos tras su retorno a Cuba. Como parte del cerco al ICAP, clasificado como instrumento del Gobierno cubano, se han identificado como propiedad sancionada diversas instalaciones vinculadas a la entidad, entre ellas el Campamento Internacional Julio Antonio Mella (CIJAM), la Casa Memorial Salvador Allende y la Casa de la Amistad.
La medida abarca además a nueve entidades estatales, situando en el centro de las penalizaciones al Ministerio de Construcción de Cuba por su control sobre sectores estratégicos que sostienen la estructura económica del régimen. “Las designaciones de hoy dejan claro que la Administración Trump no tolerará los esfuerzos del régimen cubano por financiar su represión ni por continuar su campaña de décadas de actividades subversivas antiestadounidenses”, sentenció Rubio en un comunicado oficial.
Mientras la presión diplomática sube de tono, la población civil, la única perjudicada dentro de la isla, enfrenta un panorama cotidiano de extrema precariedad. Ante el desabastecimiento generalizado, numerosos ciudadanos se ven empujados a buscar alimento entre la basura acumulada en las calles o a recurrir al comercio informal mediante la venta de hortalizas, ropa usada y objetos de segunda mano para lograr sobrevivir.
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