El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este martes la reelección presidencial indefinida, incorporada al ordenamiento constitucional tras la reforma aprobada en 2025, y aseguró que el cambio fue resultado de un proceso democrático respaldado por la voluntad popular.
La reacción del mandatario se produjo después de que Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuestionara en la red social X la reforma que permite la reelección sin límite de períodos. La representante de la organización afirmó que El Salvador se suma a un grupo de países latinoamericanos que cuentan con ese mecanismo, junto con Venezuela y Nicaragua.
Bukele respondió a esas declaraciones al señalar que la reelección indefinida también forma parte de los sistemas políticos de diversos países, entre ellos Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza y Japón. Según el mandatario, las comparaciones buscan proyectar una imagen negativa sobre la situación política salvadoreña.
En una segunda publicación, el presidente sostuvo que la reforma constitucional fue aprobada por una supermayoría legislativa obtenida en elecciones democráticas y rechazó los cuestionamientos sobre su legalidad. Agregó que los comicios celebrados durante su administración han contado con la presencia de observadores internacionales y afirmó que ningún organismo multilateral ni gobierno extranjero ha desconocido su carácter libre, transparente y democrático.
Bukele también argumentó que la modificación de las constituciones forma parte de la evolución institucional de los Estados y señaló que, en numerosos países, esos cambios se produjeron tras guerras, golpes de Estado o procesos de violencia política. En contraste, afirmó que la reforma salvadoreña fue aprobada mediante un proceso electoral y legislativo respaldado por los ciudadanos.
El debate sobre la reelección indefinida se produce mientras Bukele mantiene altos niveles de respaldo ciudadano, impulsados principalmente por su política de seguridad y el régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas. Sin embargo, su administración continúa siendo objeto de cuestionamientos por parte de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, que denuncian presuntas violaciones a las garantías fundamentales, concentración del poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales. A ello se suman crecientes demandas de distintos sectores de la población relacionadas con la situación económica del país.
