La mayoría de los ministros de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), designados en sus cargos por el presidente Lula da Silva, decidieron este viernes (14) imputar al diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por el supuesto delito de coacción en el curso del proceso. Le acusan de influir en Donald Trump, para sancionar a Brasil
En septiembre, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro fue imputado por la Fiscalía General de la República (PGR) en la investigación que indagaba las acciones del congresista con el gobierno de Estados Unidos para promover aranceles contra las exportaciones brasileñas, la suspensión de visas para ministros del gobierno federal y magistrados de la Corte Suprema.
Con esta decisión, el siguiente paso será la apertura de una causa penal contra el congresista. Durante el proceso, podrá llamar a testigos, presentar pruebas de su inocencia y solicitar diligencias de investigación específicas pertinentes para su defensa.
Eduardo abandonó Brasil en febrero de este año y actualmente reside en Estados Unidos. El congresista solicitó una licencia de 120 días. Desde el 20 de julio, fecha en que finalizó su licencia, no ha asistido a ninguna sesión y podría ser destituido por sus ausencias, informó la Agencia Brasil.
Juicio
La audiencia virtual sobre la admisión de los cargos comenzó hoy a las 11:00. Hasta el momento, el ponente, Alexandre de Moraes, y los ministros Flávio Dino y Cristiano Zanin han votado a favor de admitir los cargos y de que el diputado sea procesado ante el Tribunal.
Según el juez Alexandre de Moraes, existen pruebas de que Eduardo Bolsonaro participó en las maniobras para lograr que el gobierno de Estados Unidos sancionara las exportaciones brasileñas y aplicara la Ley Magnitsky contra él y otras autoridades brasileñas.
“La grave amenaza se materializó a través de la coordinación y obtención de sanciones del gobierno de Estados Unidos, con la aplicación de aranceles a las exportaciones de Brasil, la suspensión de visas de entrada para diversas autoridades brasileñas en Estados Unidos y la aplicación de los efectos de la Ley Magnitsky a este ministro que presenta su informe”, dijo Moraes.
La votación permanecerá abierta hasta el 25 de noviembre. El voto de la jueza Cármen Lúcia aún está pendiente.
Solo los cuatro magistrados votarán sobre el asunto. Con la partida del juez Luiz Fux a la Segunda Sala del Tribunal Supremo, queda una vacante que solo se cubrirá una vez que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva nombre al magistrado que sucederá a Luís Roberto Barroso, quien se ha jubilado.
La respuesta de Eduardo Bolsonaro
En las redes sociales, el congresista describió el voto de Moraes como una “caza de brujas”.
“Moraes vota para convertirme en acusado. Otros candidatos antisistema, como el propio Jair Bolsonaro, y favoritos al Senado sufrirán la misma persecución. Es el sistema reinventándose para sobrevivir.”
“Todo lo que sé es a través de la prensa, ya que nunca me han mencionado. ¿Por qué Moraes no utiliza los canales oficiales con Estados Unidos?”, escribió.
La defensa de Eduardo Bolsonaro estuvo a cargo de la Defensoría Pública Federal (DPU). Durante la investigación, Moraes ordenó que se notificara al congresista, pero este no designó abogado ni presentó defensa.
Según la Defensoría del Pueblo, la acusación contra Eduardo se basa en declaraciones públicas y constituye “el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del mandato parlamentario”.
Quienes son los jueces de Lula que imputaron al hijo de Bolsonaro
Alexandre de Moraes, el juez sancionado por EEUU, acusado de atentar contra la libertad de expresión y violar derechos humanos de los acusados en distintas causas judiciales.
Cristiano Zanin; abogado personal de Lula y defensor en sus causas judiciales, nombrado por el presidente brasileño en junio de 2023.
Flavio Dino; juez militante del Partido Comunista, amigo de Lula y designado directamente por el presidente en diciembre de 2023. “Siento una inmensa alegría, de que por primera vez un magistrado comunista, llega al STF”, declaró el presidente izquierdista al designarlo.
Cármen Lucía; fue nombrada en su cargo en 2006 por el entonces presidente Lula da Silva.
Todo esto lleva a preguntarse si existe o no la independencia de poderes en Brasil.
