El Gobierno de Ecuador, mediante un decreto ejecutivo firmado este viernes por el presidente Daniel Noboa, ha decidido otorgar una amnistía migratoria y establecer un proceso extraordinario de regularización para ciudadanos venezolanos y sus familias que se encuentren en situación de movilidad humana en el país. Esta medida beneficiará a aquellos que cuenten con un certificado de permanencia migratoria caducado o que aún no hayan obtenido el Visado de Residencia Temporal de Excepción (Virte II).
El decreto establece que los beneficiarios deben haber participado en el proceso de Registro de Permanencia Migratoria, activado en junio de 2022, y poseer un certificado, incluso si este ha caducado. Además, no deben haber obtenido previamente el Visado Virte II, el cual fue emitido en un proceso anterior de legalización de migrantes venezolanos.
El Ministerio del Interior de Ecuador tendrá la responsabilidad de renovar los certificados y las autorizaciones de permanencia, con el objetivo de permitir a los beneficiarios acceder al visado Virte II renovado. Este proceso de regularización se extenderá por un periodo de ocho meses. Aunque el formulario de solicitud para el registro será gratuito, los migrantes venezolanos deberán cubrir el costo del visado y de la cédula de ciudadanía emitida por la entidad correspondiente.
El Visado Virte II tendrá una vigencia de dos años y podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo periodo, permitiendo al solicitante cambiar su estatus migratorio durante ese tiempo sin que esto afecte la prórroga.
El decreto también instruye al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a apoyar el proceso de regularización, especialmente en la amnistía migratoria para niños y adolescentes venezolanos que se encuentren “solos, no acompañados o separados”.
Como parte del proceso, las instituciones ecuatorianas involucradas deberán aceptar documentos de identidad o pasaportes de los solicitantes con hasta cinco años de vencimiento. Adicionalmente, el Ministerio del Interior y la Dirección de Inteligencia de la Policía evaluarán el perfil de “riesgo o amenaza a la seguridad pública” de los solicitantes.
Finalmente, se señala en el decreto que las carteras de Estado y otras entidades involucradas en este proceso tendrán entre uno y dos meses para dictar las normativas secundarias necesarias para la aplicación completa de la amnistía y el proceso de regularización.
