Los expertos de la Organización de Naciones Unidas -ONU en derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán advirtieron que existen una serie de denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales de Guatemala, situación que conllevaría a que no puedan ejecutar su labor con total libertad y transparencia.
“Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia”, detallan los expertos.
Ante esto los representantes del organismo internacional explicaron que es de suma importancia y es “esencial” para el país garantizar la independencia del poder judicial y respetar su autonomía, así como garantizar un sistema imparcial.
En esta línea lamentaron la decisión del Ejecutivo guatemalteco de dar por finalizado unilateralmente al acuerdo con las Naciones Unidas que sirvió para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pese a que el pasado 9 de enero la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión gubernamental de retirarse del acuerdo, situación que no fue respetada por las autoridades del Ejecutivo y que pone en tela de juicio la independencia de poderes del Estado, al tiempo de debilitar del estado de derecho en el país.
En este sentido los especialistas mostraron su preocupación por la delicada situación en la que se encuentran los jueces y fiscales que cooperaron con el organismo suspendido por el gobierno, ya que muchos de estos funconarios están trabajando en casos de corrupción y crimen organizado, entre otros aspectos de suma importancia.
Muchos jueces y fiscales que cooperaron con la CICIG “están trabajando actualmente en casos de elevado perfil, especialmente en casos de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a las personas con poder”, afirmaron.
