Quito (Andes).- La Fiscalía General del Estado de Ecuador solicitó este lunes medidas cautelares en contra del expresidente Rafael Correa por su presunta implicación en el secuestro del exasambleísta, Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012.
Entre las medidas cautelares solicitadas por el fiscal general Paúl Pérez se encuentran la presentación periódica ante la autoridad que la Jueza disponga y el uso del dispositivo electrónico.
Además, pidió medidas de protección a favor del exlegislador por el movimiento Sociedad Patriótica y su familia.
La audiencia de vinculación contra el exmandatario Correa se instaló a las 14:00 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el norte de Quito, bajo estrictas medidas de seguridad y el despliegue de un numeroso contingente policial.
Como representante de Correa asistió a la diligencia su abogado Caupolicán Ochoa, quien aseguró que “no existen” indicios para vincular al exmandatario. En la diligencia también asisten Felipe Rodríguez, abogado de Balda, así como la defensa de otros procesados.
A la sala ingresaron excolaboradores del gobierno anterior, entre ellos Ricardo Patiño y Virgilio Hernández, así como asambleístas del autodenominado de la Revolución Ciudadana, afines a Correa.
Entre las medidas de seguridad, se prohibió el ingreso con celulares, así como carteles, banderas, pitos y otros implementos que puedan afectar la tranquilidad de la audiencia, reportan medios locales.
En las afueras de la CNJ decenas de simpatizantes de Correa y algunos seguidores de Balda se dieron cita para mostrarles su respaldo indistintamente.
En el caso del presunto secuestro a Balda están procesadas otras tres personas.
El domingo 17 de junio fue capturado en Madrid, Pablo Humberto R., exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), sin embargo, las autoridades españolas le concedieron la libertad provisional mientras continúa el proceso para su extradición, informó el gobierno en un comunicado.
La audiencia en contra de Correa se da luego que la Asamblea Nacional se declarara incompetente para atender el pedido de una jueza a fin de que ese órgano autorizara la vinculación del exmandatario.
