El gobierno español de Mariano Rajoy, aprobó un plan para combatir el fraude fiscal y la economía sumergida del país ibérico, iniciativa que pretende regular situaciones como el pago en efectivo de altas sumas de dinero o la no declaración de bienes en el extranjero.
La medida pretende “que haya igualdad y equidad de todos los ciudadanos a la hora de pagar sus impuestos y que no haya ciudadanos que eludan el pago de sus obligaciones fiscales”, expresó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Dentro de las principales clausulas que contiene esta iniciativa, destacan que no podrán pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario o profesional, cifra que se eleva a 15.000 euros cuando se trate de no residentes.
En la misma línea trascendió, que todos los contribuyentes deberán informar a la Agencia Tributaria sobre las cuentas, valores e inmuebles que se tengan en el extranjero.
Por otra parte el dossier específica, la exclusión del régimen de módulos de los empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y a los que obtengan rendimientos por importe superior a 225.000 euros procedentes de otros empresarios o profesionales.
Soraya Sáenz de Santamaría, informó que las sanciones a las personas que incurran en acciones que obstruyan las actuaciones de la inspección tributaria, estarán entre un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 100.000 euros si no desarrollan actividades económicas, y de entre 3.000 y 600.000 euros si las desarrollan.
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