El secretario de Estado de Seguridad de España, Ignacio Ulloa, ha declarado a la prensa, durante una visita al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Barcelona, que la expulsión de inmigrantes indocumentados no será prioridad del Gobierno español si pueden demostrar arraigo social como puede ser tener un familiar, un domicilio y un trabajo y que en esas condiciones podrían evitar el ser deportados.
El ministerio del Interior de España desde enero de este año ha priorizado la expulsión de inmigrantes que han delinquido.
En el recorrido por la instalaciones del Centro de Internamiento de extranjeros en Barcelona, se explicó a los periodistas que este centro tiene capacidad locativa para albergar a 236 personas pero que actualmente se encuentran allí 129 internos en espera de resolver su situación legal, aclarándose que de estos, el 90% tiene antecedentes.
Las leyes dictaminan que los internos pueden permanecer un máximo de 60 días en estos centros y si termina ese plazo, sin que se haya producido la extradición, la persona debe quedar en libertad.
Generalmente la dificultad para extraditar a la persona “sin papeles” se debe a la dificultad para acreditar la nacionalidad o identidad del interno para saber fehacientemente a que país devolverle.
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