El Presidente de Chile, José Antonio Kast, promulgó este martes en el Palacio de La Moneda una nueva ley destinada a fortalecer la respuesta policial durante las primeras horas posteriores a la comisión de un delito, ampliando los plazos para actuar en flagrancia y entregando nuevas herramientas a las instituciones encargadas de la persecución penal.
La normativa constituye la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que completa su tramitación legislativa, y fue presentada por el Ejecutivo como un avance para mejorar la capacidad de las policías frente a delitos cuya investigación depende de obtener pruebas de manera rápida.
“Este es un paso adicional para un Chile más seguro”, afirmó Kast durante la ceremonia, en la que participaron los ministros Claudio Alvarado, José García Ruminot y Fernando Rabat, junto al General Director de Carabineros, Marcelo Araya; el Director General de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna; y el Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.
El plazo de flagrancia se duplica para Carabineros y la PDI
Uno de los principales cambios establece que Carabineros y la Policía de Investigaciones dispondrán ahora de hasta 24 horas para efectuar determinadas detenciones en situación de flagrancia, frente a las 12 horas contempladas anteriormente por el Código Procesal Penal. En el caso de la Autoridad Marítima, el plazo podrá alcanzar las 48 horas.
El objetivo es evitar que antecedentes obtenidos después de las primeras horas de ocurrido un delito pierdan utilidad para la acción policial. La modificación adquiere especial relevancia en investigaciones apoyadas en imágenes de cámaras de seguridad, teléfonos celulares, registros particulares o sistemas de vigilancia municipales.
Kast sostuvo que el límite anterior podía convertirse en un obstáculo para que las policías llegaran oportunamente hasta las evidencias disponibles, particularmente cuando los hechos se producían en zonas rurales, aisladas o de difícil acceso.
El aumento de las denuncias registrado durante las últimas dos décadas refuerza, según los antecedentes de la iniciativa, la necesidad de fortalecer las capacidades de respuesta. Las denuncias pasaron de 944.547 en 2006 a 1.656.232 en 2024 y alcanzaron 1.917.477 durante 2025.
Policías podrán acceder a registros de cámaras y geolocalización
La nueva legislación también amplía las herramientas disponibles para las policías durante las primeras diligencias. Entre ellas se contempla la posibilidad de solicitar directamente y de manera voluntaria registros captados por cámaras de seguridad de viviendas, establecimientos comerciales y testigos, sin requerir previamente una instrucción del fiscal.
Las instituciones policiales podrán además requerir información de georreferenciación que contribuya a determinar la ubicación de personas u objetos relacionados con un delito.
Cuando estos antecedentes sean entregados voluntariamente, la policía deberá dejar constancia mediante un acta y entregar una copia a quien proporcionó la información. En caso de negativa, deberá comunicarlo inmediatamente al Ministerio Público.
La normativa establece igualmente obligaciones para garantizar la integridad, conservación y correcta custodia de los registros obtenidos.
Para Kast, estas modificaciones permitirán mejorar la calidad de las investigaciones al proporcionar mayores antecedentes tanto a policías como a fiscales y tribunales. “Las policías tendrán más herramientas para hacer frente a la delincuencia, con todo el respaldo del Estado”, sostuvo.
Autoridad Marítima obtiene nuevas facultades investigativas
La legislación incorpora además un cambio relevante en materia de seguridad marítima al reconocer expresamente a la Autoridad Marítima como auxiliar del Ministerio Público cuando desempeñe funciones de policía marítima.
Esta institución podrá desarrollar determinadas actuaciones autónomas y efectuar controles de identidad en naves, artefactos navales, instalaciones portuarias, aguas interiores y mar territorial.
El Gobierno sostiene que este reconocimiento permitirá superar dificultades que hasta ahora enfrentaban las investigaciones relacionadas con delitos cometidos en espacios marítimos y portuarios.
La ley también establece nuevas reglas para las instrucciones generales que puede impartir el Fiscal Nacional respecto de diligencias inmediatas en determinados delitos, incorporando mecanismos de dirección, supervisión, control, transparencia y rendición de cuentas, sin afectar la autonomía del fiscal responsable de cada investigación.
La primera ley de la agenda ACOT
La iniciativa comenzó su tramitación parlamentaria a partir de una moción ingresada al Senado en diciembre de 2023. Durante el actual Gobierno recibió urgencia legislativa, que fue renovada el pasado 1 de septiembre.
El aumento del período de flagrancia había sido incluido además entre los compromisos anunciados por Kast durante la Cuenta Pública del 1 de junio.
Las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del plazo de flagrancia y las atribuciones relacionadas con las instrucciones del Fiscal Nacional fueron finalmente abordadas por una Comisión Mixta.
El informe de esa instancia fue aprobado por el Senado el 8 de septiembre y por la Cámara de Diputados al día siguiente. Posteriormente, el Tribunal Constitucional realizó el control de constitucionalidad y emitió su sentencia el 24 de septiembre, dejando el camino habilitado para la promulgación presidencial.
Con la entrada en vigencia de esta normativa, el Gobierno busca acortar la distancia entre la comisión de un delito y la capacidad efectiva del Estado para identificar, localizar y detener a sus presuntos responsables, convirtiendo la reacción durante las primeras horas en uno de los ejes de la nueva estrategia contra el crimen organizado y el terrorismo.
