El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Roberto Burneo, reconoció la existencia de “serias irregularidades” en la organización de las recientes elecciones generales realizadas el 12 de abril, en medio de un clima de creciente tensión política y cuestionamientos al sistema electoral. Las declaraciones se producen mientras algunos candidatos, como Rafael López Aliaga, han denunciado un supuesto fraude sin presentar evidencias concluyentes.
Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Burneo detalló una serie de fallas atribuidas principalmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad responsable de la logística electoral. Según explicó, los problemas se concentraron especialmente en Lima Metropolitana, donde se registraron retrasos significativos en la instalación de mesas y en la entrega de material electoral.
El titular del JNE calificó la situación como “gravísima” y señaló que, pese a las advertencias previas, no se corrigieron deficiencias críticas. Entre ellas, destacó que el material tecnológico —como computadoras e impresoras— no fue debidamente probado antes de la jornada electoral. Asimismo, indicó que la ONPE se había comprometido a no utilizar el sistema digital de escrutinio conocido como STAE, debido a fallas detectadas, pero finalmente incumplió esa decisión.
Burneo también reveló que se recomendó retornar al sistema convencional de conteo de votos, sugerencia que no fue acatada. A ello se sumó el incumplimiento en la entrega oportuna del material electoral, lo que afectó la instalación de mesas hasta horas avanzadas del día, generando malestar entre votantes y autoridades.
Las explicaciones no lograron disipar las dudas en el Congreso. Legisladores de diversas bancadas expresaron su preocupación por la falta de previsión y coordinación entre el JNE y la ONPE. El congresista Elvis Vergara cuestionó la falta de información clara sobre las fallas técnicas, mientras que Carlos Zeballos pidió detalles sobre el número de fiscalizadores desplegados y los informes emitidos ante los incidentes reportados.
Por su parte, Diego Bazán planteó la necesidad de una auditoría internacional que verifique el software utilizado en el proceso electoral, sugiriendo además que la ampliación del horario de votación podría ser motivo para evaluar la nulidad de los comicios. En la misma línea, Alex Paredes solicitó la intervención del Ministerio Público para inmovilizar el material electoral, con el fin de garantizar una eventual investigación.
En contraste, Patricia Juárez rechazó los pedidos de nulidad, señalando que existen causales claramente establecidas para invalidar un proceso electoral y que estas deben respetarse.
