Costa Rica afronta este domingo una de las elecciones presidenciales más fragmentadas y tensas de su historia reciente. De los 5,3 millones de habitantes del país, cerca de 3,7 millones podrán ejercer su derecho al voto para escoger, entre una papeleta con 20 candidatos, quién dirigirá el país durante el periodo 2026-2030. Sin embargo, pese a la amplia oferta electoral, solo tres aspirantes concentran una intención de voto relevante, según el más reciente estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, publicado el 28 de enero.
En este escenario, la candidata oficialista Laura Fernández se posiciona como clara favorita. Exministra de Planificación y de la Presidencia durante el actual Gobierno, Fernández compite bajo la bandera del derechista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y se presenta como la heredera política del presidente Rodrigo Chaves, quien no puede optar a la reelección. Con 39 años, encabeza las encuestas con un 43,8% de respaldo, una cifra que, de confirmarse, le permitiría ganar en primera vuelta, algo que no ocurre en Costa Rica desde 2010.
La campaña se desarrolla en un clima de fuerte confrontación ideológica. Fernández ha alineado su discurso con el del presidente saliente, quien ha defendido un modelo de poder más concentrado, inspirado en experiencias como la del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, cuya visita al país durante la campaña —para respaldar la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad— no pasó desapercibida.
Entre sus principales propuestas, la candidata oficialista plantea solicitar al Congreso el levantamiento de garantías fundamentales en barrios conflictivos como estrategia para combatir el narcotráfico, así como la venta de activos estatales, entre ellos el Banco de Costa Rica. Estas iniciativas conectan con una de las mayores preocupaciones ciudadanas: desde abril de 2023, alrededor del 45% de los costarricenses identifica la inseguridad como el principal problema nacional, según datos de la Universidad de Costa Rica.
Frente a este panorama, los sectores de izquierda y centroizquierda intentan forzar una segunda vuelta electoral, prevista para el 5 de abril, con el objetivo de frenar al oficialismo y preservar los niveles de estabilidad política y bienestar que han caracterizado históricamente al país. Sin embargo, la fragmentación opositora limita sus opciones: solo cinco candidatos superan el margen de error del CIEP.
Las figuras que siguen a Fernández a mayor distancia son Claudia Dobles, ex primera dama entre 2018 y 2022, y el economista socialdemócrata Álvaro Ramos, ambos con un 9% de intención de voto. A ello se suma un dato clave: el 25,9% del electorado permanece indeciso, un porcentaje que podría resultar determinante en el desenlace de una elección que mantiene en vilo a Costa Rica.
