La historia democrática de Guatemala recordará la gestión de María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP) como el periodo en que la institución fue secuestrada para blindar a la corrupción. Sin embargo, Porras no ha actuado sola; su estrategia de asedio al gobierno de Bernardo Arévalo y su desprecio por la seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) han sido ejecutados por un séquito de fiscales que hoy comparten con ella el estigma del desprestigio internacional.
Los rostros de la complicidad
El accionar antidemocrático de la Fiscal General se ha apoyado en figuras que han operado como sus brazos ejecutores, muchos de ellos también sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Nombres como el de Rafael Curruchiche (jefe de la FECI), Ángel Pineda (secretario general del MP) y la fiscal Cinthia Monterroso son piezas clave en este engranaje que ha priorizado la persecución de periodistas, jueces honestos y funcionarios del actual Ejecutivo, mientras dejan en libertad o con cargos mínimos a quienes atacan violentamente a nuestras fuerzas policiales.
Esta red de fiscales ha convertido al MP en un búnker de intereses privados, ignorando su mandato constitucional de perseguir el delito de forma imparcial.
El desprecio por la PNC y la seguridad ciudadana
La reciente acusación del presidente Arévalo sobre la protección que el MP brinda a agresores de la Policía Nacional Civil (PNC) es el punto de no retorno. Es inaudito que, mientras agentes de la policía arriesgan su vida en el cumplimiento del deber, los fiscales de Porras minimicen los ataques, calificando como delitos menores acciones que atentan contra la estabilidad del Estado. Esta negligencia selectiva no es un error técnico; es una táctica deliberada para debilitar al gobierno central y generar un clima de ingobernabilidad.
El presidente Arévalo reaccionó en X: “Hoy, en lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos, pidiendo únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas que permitirían juzgarlos con la nueva ley antipandillas. Es un insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala”, denunció el mandatario guatemalteco.
Un mandato que expira sin posibilidad de retorno
Con el reloj marcando el inicio de 2026, María Consuelo Porras y su círculo cercano enfrentan sus últimos meses al mando. El panorama es irreversible:
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Sin renovación: El presidente Arévalo ha sido tajante: el mandato de Porras no será renovado. El Ejecutivo ya prepara el terreno para una transición que busque recuperar la integridad del Ministerio Público.
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Muerte civil internacional: Las sanciones han aislado a estos funcionarios no solo política, sino financieramente. El estigma de ser “actores antidemocráticos” les cerrará las puertas mucho después de que abandonen sus oficinas en el barrio de Gerona.
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El peso de la historia: La red de fiscales que secundó sus desmanes deberá enfrentar, tarde o temprano, la rendición de cuentas ante una justicia que ya no esté bajo su control.
Radiografía de la cúpula del MP: los fiscales de la impunidad
A continuación, se presentan los perfiles de los funcionarios sancionados que acompañan a la Fiscal General en el tramo final de su mandato (2022-2026).
1. Ángel Arnoldo Pineda Ávila
Cargo: Secretario General del Ministerio Público.
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Perfil: Considerado la “mano derecha” y el estratega político detrás de Consuelo Porras. Se le señala de filtrar información confidencial para avisar a aliados políticos sobre órdenes de captura y de dirigir campañas de acoso en redes sociales contra opositores.
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Sanciones: Incluido en la Lista Engel (EE. UU.) y sancionado por la Unión Europea (UE). Tiene prohibido el ingreso a más de 40 países.
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Accionar: Reportes indican que es el enlace principal con estructuras paralelas para coordinar el hostigamiento judicial al Ejecutivo.
2. José Rafael Curruchiche Cucul
Cargo: Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
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Perfil: Sustituyó al fiscal Juan Francisco Sandoval (hoy en el exilio). Bajo su mando, la FECI pasó de ser un referente anticorrupción a convertirse en una herramienta para criminalizar a periodistas, jueces y al partido oficial (Semilla).
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Sanciones: Sancionado por EE. UU., la UE, Canadá y Reino Unido. Es señalado de “socavar procesos democráticos” y obstruir investigaciones de corrupción de alto nivel.
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Accionar: Lideró los intentos por anular las elecciones de 2023 y ha sido el principal rostro de la persecución judicial contra el binomio presidencial de Arévalo y Herrera.
3. Cinthia Edelmira Monterroso Gómez
Cargo: Fiscal Regional (Ex fiscal de la FECI).
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Perfil: Conocida por su estilo confrontativo en tribunales, ha sido la encargada de presentar cargos penales sin sustento contra periodistas (como José Rubén Zamora) y operadores de justicia independientes.
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Sanciones: Incluida en la Lista Engel por “presentar cargos por motivos políticos”.
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Accionar: Se le vincula directamente con la estrategia de “terrorismo judicial”, utilizando el sistema penal para silenciar voces críticas al régimen de Porras.
4. Leonor Eugenia Morales Lazo
Cargo: Fiscal de la FECI.
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Perfil: Una de las operadoras más recientes en ser sancionada, ascendida dentro de la estructura de Curruchiche para ejecutar las órdenes más polémicas contra el proceso electoral.
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Sanciones: Sancionada por la Unión Europea en 2024 y ratificada en 2026 por participar en el intento de “golpe judicial”.
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Accionar: Participó activamente en el secuestro de las cajas electorales y en la construcción de casos para intentar invalidar la personalidad jurídica del partido de gobierno.
El factor común: un final anunciado
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Aislamiento: Al igual que Porras, estos funcionarios enfrentan la “muerte civil internacional”: sus cuentas bancarias están bajo la lupa y no pueden viajar a las principales democracias del mundo.
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Mandato sin Retorno: El gobierno de Arévalo ha confirmado que ninguno de estos perfiles tiene cabida en una futura administración del MP. Su salida es inminente al finalizar el periodo constitucional de Porras.
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El Legado: Son señalados por la historia como los responsables de haber desprotegido a la PNC y a la ciudadanía para priorizar agendas de impunidad.
Conclusión
Guatemala se encamina hacia el fin de la “Era Porras”. La salida de la Fiscal General y su red de allegados es una condición indispensable para que el país recupere la confianza en sus instituciones. El daño causado es profundo, pero la firmeza del gobierno actual y la vigilancia de la ciudadanía y la comunidad internacional auguran que este será el último capítulo de una fiscalía que decidió servir a las mafias en lugar de al pueblo.
