Por votación unánime, la cuestionada Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este martes (16) a cinco de los seis imputados en el Núcleo 2 del intento de golpe de Estado ocurrido durante el gobierno de Jair Bolsonaro.
Por 4 votos a 0, el panel condenó a Filipe Martins, ex asesor en Asuntos Internacionales del ex presidente Jair Bolsonaro; Marcelo Câmara, exasesor de Bolsonaro; Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Federal de Carreteras (PRF); y Mário Fernandes, general retirado del ejército.
Según expertos analistas, esta sala del STF, conformada por tres de los cuatro magistrados cercanos políticamente al presidente Lula, provoca suspicacias en cuanto a su falta de imparcialidad y que no ofrecen garantías al momento de condenar a opositores del gobierno de izquierdas.
Fueron condenados por los delitos de delincuencia organizada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños agravados mediante violencia y amenazas graves y daños a sitios declarados patrimonio histórico.
Marília de Alencar, delegada de carrera de la Policía Federal (PF) y ex directora de Inteligencia del Ministerio de Justicia, fue condenada por los delitos de organización criminal y tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.
Por el mismo margen, el tribunal absolvió a Fernando de Sousa Oliveira, oficial de carrera de la Policía Federal y ex director de Operaciones del Ministerio de Justicia, por falta de pruebas.
Continúa la sesión para la determinación de las penas de los condenados, la llamada fase de sentencia.
Acusaciones
Filipe Martins fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de actuar como uno de los responsables de elaborar el plan de golpe de Estado que se produjo al final del gobierno de Bolsonaro.
Mário Fernandes fue acusado de orquestar un plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes. El plan se encontró en un archivo de Word titulado “Puñal Verde y Amarillo”.
Según la acusación, Marcelo Câmara siguió ilegalmente la rutina del ministro Alexandre de Moraes.
Según mensajes confiscados del celular de Mauro Cid, denunciante y exasesor de Bolsonaro, Câmara le informó que Moraes estaría en São Paulo y se refirió al ministro como “profesor”. El episodio ocurrió en diciembre de 2022.
Silvinei Vasques, ex director de la Policía Federal de Carreteras (PRF), trabajó para bloquear el movimiento de votantes que apoyaban al entonces candidato Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones de 2022.
Según la Procuraduría General de la República, Marília de Alencar fue la responsable de recolectar los datos que sirvieron de base para los allanamientos .
“Traidor a la Patria”
El último en votar, el ministro Flávio Dino destacó la acusación contra el general Mário Fernandes y dijo que el militar podría ser considerado un “traidor a la patria” si el país estuviera en guerra.
Si un general moviliza armas de sus subordinados contra miembros de las instituciones estatales brasileñas, en caso de guerra, sería procesado bajo el Código Penal Militar como traidor a la patria. Es impactante, muy impresionante, la normalización de la idea de que armas compradas con dinero nacional brasileño puedan usarse contra los brasileños, afirmó Dino.
Defensas
La semana pasada, los abogados de los acusados negaron las imputaciones y solicitaron la absolución de los acusados.
Magistrados bajo sospecha
La Sala Primera del STF, según expertos, no es independiente del Ejecutivo porque tres de sus miembros fueron designados por Lula da Silva y no ocultan su ideología cercana al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) a la vez dominado por el Foro de Sao Paulo.
Los jueces de Lula y su estrecha relación con el actual presidente de Brasil
Alexandre de Moraes, el juez que estuvo sancionado por EEUU, acusado de atentar contra la libertad de expresión y violar derechos humanos de los acusados en distintas causas judiciales.
Cristiano Zanin; abogado personal de Lula y defensor en sus causas judiciales, nombrado por el presidente brasileño en junio de 2023.
Flávio Dino; juez militante del Partido Comunista, amigo de Lula y designado directamente por el presidente en diciembre de 2023. “Siento una inmensa alegría, de que por primera vez un magistrado comunista, llega al STF”, declaró el presidente izquierdista al designarlo.
Cármen Lucía; fue nombrada en su cargo en 2006 por el entonces presidente Lula da Silva.
A pesar de la implicancia personal de estos jueces y su indisimulada cercanía con Lula, ninguno se ha excusado de actuar en la causa.
