El Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado en una fase en la que los escándalos ya no son episodios aislados, sino un sistema de desgaste permanente. La concatenación de investigaciones por presunta corrupción y las denuncias de acoso sexual vinculadas a su entorno político han colocado al Ejecutivo en una situación que difícilmente puede calificarse de normalidad democrática. No se trata solo de errores individuales, sino de un fracaso político de conjunto en el control, la ejemplaridad y la rendición de cuentas.
La estrategia gubernamental ha sido hasta ahora previsible: minimizar, compartimentar responsabilidades y confiar en que el ruido se disipe con el paso del tiempo. Sin embargo, esta lógica de resistencia pasiva ha demostrado ser ineficaz. Cada nuevo caso no solo reabre heridas anteriores, sino que refuerza una narrativa de impunidad, opacidad y doble moral que cala con rapidez en la opinión pública.
La corrupción, incluso cuando aún se dirime en sede judicial, tiene un efecto devastador cuando se acumula. No porque todos los acusados sean culpables, sino porque el poder político tiene la obligación de prevenir, no solo de reaccionar. Cuando los controles fallan reiteradamente, la responsabilidad deja de ser individual y pasa a ser política. Negarlo es confundir la presunción de inocencia con la ausencia de exigencias éticas.
Más grave aún es el manejo de las denuncias de acoso sexual. Para un Gobierno que ha construido buena parte de su legitimidad sobre el discurso feminista y la protección de las víctimas, cualquier atisbo de tibieza, silencio o cálculo político resulta demoledor. La incoherencia entre el relato público y la gestión interna no solo desacredita a quienes gobiernan, sino que banaliza luchas sociales que exigen coherencia absoluta.
Solo algunos de los escándalos concretos que marcan la situación del Gobierno de Pedro Sánchez
1. Caso Salazar — acoso sexual en La Moncloa
Uno de los episodios que más ha golpeado la imagen del Ejecutivo en los últimos meses es la denuncia por acoso sexual y abuso de poder presentada por dos trabajadoras de La Moncloa contra Francisco Salazar, ex diputado y colaborador cercano al presidente del Gobierno. La gestión interna del PSOE —que tardó meses en contactar a las víctimas y sólo cesó a Salazar tras la presión mediática— ha sido criticada tanto por la oposición como por sectores feministas y dentro de la propia coalición.
2. Santos Cerdán y la trama delictiva — prisión por corrupción
Un ex alto cargo socialista y ex colaborador estrecho del Gobierno, Santos Cerdán, fue enviado a prisión preventiva por cargos que incluyen soborno, pertenencia a organización criminal e influencia indebida en contratos públicos, en el marco de una investigación que se remonta a pagos y comisiones ligadas a adjudicaciones públicas.
3. Caso Ábalos / “Koldo” — corrupción en contratos de pandemia
La investigación sobre la adjudicación irregular de contratos de suministros sanitarios durante la pandemia (conocida en parte como caso Koldo o dentro de la llamada operación Delorme) ha salpicado a figuras socialistas de alto perfil, entre ellos José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, junto con empresarios como Víctor de Aldama, que han llegado a prisión preventiva por su presunta participación en esa red de corrupción.
4. David Sánchez — juicio por prevaricación y tráfico de influencias
El hermano menor del presidente, David Sánchez, será juzgado por presuntas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz, con acusaciones de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y creación de un puesto «a la medida». El juicio está programado y es un hecho judicial, aunque su culpabilidad —como la de cualquier acusado— debe determinarse en sede judicial.
5. Investigación a la esposa de Pedro Sánchez
La esposa del presidente, Begoña Gómez, ha sido objeto de investigación judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción relacionados con su actividad profesional, según registros judiciales oficiales. Estas causas no implican sentencia firme, pero sí reflejan el escrutinio al que está sometida su esfera personal y profesional.
6. Reacción interna y socios de coalición
La presión no se limita a casos aislados: el socio de Gobierno, Sumar, ha exigido públicamente una “remodelación urgente” del Ejecutivo debido al cúmulo de casos de presunta corrupción y de acusaciones de acoso sexual que afectan al PSOE y a sus estructuras.
¿Qué significa esto en términos políticos?
La acumulación de estos casos no sólo alimenta la narrativa de un Gobierno bajo asedio, sino que también reconfigura la percepción pública de un Ejecutivo que, cuando llegó al poder, basó parte de su legitimidad en valores de transparencia, igualdad y lucha contra la corrupción. La contradicción entre ese discurso y la gestión de los escándalos ha sido destacada incluso por medios internacionales, que describen al PSOE bajo “fuego por las acusaciones de acoso sexual” y la polémica abierta sobre presuntas malas prácticas dentro de sus filas.
