La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela advirtió en un nuevo informe que la persecución por motivos políticos se ha intensificado y que la única esperanza de justicia para las víctimas recae en la comunidad internacional. El documento será presentado esta mañana ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
El informe revela nueva evidencia de la represión postelectoral tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y detalla que las violaciones a los derechos humanos se han prolongado durante 2025, afectando a opositores, activistas y defensores de las libertades fundamentales.
Muertes en protestas y represión armada
La Misión documentó que, de las 25 muertes ocurridas entre el 29 y 30 de julio de 2024, al menos 12 estuvieron vinculadas directamente con cuerpos de seguridad del Estado. En Maracay (Aragua), efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99 Brigada del Ejército dispararon armas de fuego contra manifestantes, causando seis muertes, una de ellas por disparo de escopeta a menos de diez metros de distancia.
“La Fiscalía no ha informado públicamente sobre avances de las investigaciones y, en cambio, culpó a la oposición desde un inicio. Sin embargo, nuestra investigación revela lo contrario y todas las muertes permanecen en la impunidad”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
La investigación también abarcó las muertes bajo custodia de cinco personas detenidas en protestas de 2024 y 2025. En dos de estos casos, se concluyó que el Estado no brindó atención médica adecuada, incurriendo en tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“El Estado tiene una obligación redoblada de proteger la vida y la integridad de los detenidos. Estas muertes constituyen privaciones arbitrarias de la vida”, señaló Patricia Tappatá, experta de la Misión.
Detenciones masivas y desapariciones forzadas
De las 2.220 personas arrestadas tras las protestas postelectorales, 2.006 fueron liberadas progresivamente, pero la represión continuó con al menos 200 nuevas detenciones selectivas en 2025. Entre los casos más graves, se registran detenciones de extranjeros mantenidos en incomunicación prolongada por más de seis meses, configurando desapariciones forzadas.
Asimismo, la Misión denunció que 220 adolescentes de entre 13 y 17 años fueron arrestados tras las elecciones, sufriendo tratos crueles, incomunicación e incluso violencia sexual. Cuatro de ellos permanecen detenidos en La Guaira y Lara.
“Las detenciones continúan siendo arbitrarias, sin orden judicial y realizadas por individuos enmascarados. La justicia en Venezuela sigue sometida al poder ejecutivo”, advirtió Francisco Cox, miembro de la Misión.
Torturas y falta de investigación
El informe documenta torturas sistemáticas contra personas detenidas, incluyendo asfixia con bolsas plásticas, golpizas, descargas eléctricas en genitales y violencia sexual. Pese a las denuncias, tribunales, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo han omitido abrir investigaciones.
Represión contra la sociedad civil
El documento alerta además sobre la aprobación de leyes restrictivas, como la de “financiación de las ONG” y la llamada “Ley Simón Bolívar”, que han forzado a múltiples organizaciones sociales a reducir sus actividades o cesar operaciones, consolidando el control estatal sobre la sociedad civil.
“Las evidencias alcanzadas por la Misión confirman que el crimen de persecución política continúa cometiéndose en Venezuela, sin que exista voluntad de las autoridades nacionales de prevenir, sancionar o reparar estas violaciones”, concluyó Marta Valiñas.
