Cuando asumió Bernardo Arévalo la presidencia de Guatemala , en enero de 2024, recibió una herencia maldita que por la Constitución del país no puede cambiar y es la conformación del ministerio público, encabezado por un personaje siniestro, la ultraderechista María Consuelo Porras Argueta y un séquito de fiscales corruptos que, amparados por las leyes vigentes, se mantienen en sus puestos a pesar de sus actos contra la democracia.
El Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, junto con el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, publicaron un informe que documenta graves faltas de conducta y abuso de poder por parte del Ministerio Público de Guatemala bajo su liderazgo actual. Las dos organizaciones destacan la falta de un mecanismo independiente e imparcial para exigir cuentas a la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, por mala conducta y emiten recomendaciones al Estado de Guatemala para que realice reformas.
El informe, titulado “Por encima de la ley: el Ministerio Público en Guatemala”, recopila y analiza por primera vez decenas de hallazgos oficiales realizados por varios organismos multilaterales y gobiernos contra el Ministerio Público, entre ellos denuncias de obstrucción de investigaciones de corrupción, uso del derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, e intentos de subvertir la democracia.
“El historial oficial de abuso de poder por parte del Ministerio Público es abrumador y no puede ignorarse”, dijo Amrit Singh, profesor de derecho y director ejecutivo del Laboratorio de Impacto de la Facultad de Derecho de Stanford . “Sin embargo, la ley guatemalteca no prevé ningún mecanismo independiente e imparcial para exigirle cuentas al Ministerio Público, como lo exige el derecho internacional. El Estado de Guatemala debe garantizar que el Ministerio Público rinda cuentas y respete el estado de derecho”.
“Este informe demuestra cómo el Ministerio Público de Guatemala ha abusado de su poder para bloquear los esfuerzos por erradicar la corrupción, acosar a los defensores de derechos humanos y socavar los procesos democráticos. Para restablecer la confianza en las instituciones públicas y abordar verdaderamente la corrupción endémica de Guatemala, el Ministerio Público y sus fiscales deben comenzar a realizar investigaciones transparentes y actuar con la imparcialidad y objetividad necesarias para esa institución. Sin mecanismos de rendición de cuentas, el Ministerio Público solo seguirá protegiendo la impunidad, a un gran costo para Guatemala”, dijo Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Asociado del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional .
El informe recopila conclusiones oficiales emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, la Unión Europea y los gobiernos de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Montenegro, la República de Moldova, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Estos hallazgos plantean serias preocupaciones sobre la posible violación de las obligaciones internacionales de Guatemala en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Guatemala ocupa el puesto 13 de 15 entre los países latinoamericanos en cuanto a capacidad para detectar, sancionar y prevenir la corrupción, según un informe de 2023 de Americas Society/Council of the Americas. En 2023, el activista anticorrupción Bernado Arévalo y su partido, Semilla , ganaron inesperadamente las elecciones generales. Desde entonces, las maniobras legales de la administración anterior y sus aliados, así como del Ministerio Público bajo su liderazgo actual, han buscado subvertir los resultados electorales y socavar al presidente y su partido.
El informe documenta cómo el Ministerio Público, bajo el liderazgo de María Consuelo Porras Argueta de Porres, quien asumió como Fiscal General en 2018, ha jugado un papel clave al frustrar las investigaciones anticorrupción, utilizar el derecho penal como arma contra jueces, periodistas y defensores de derechos humanos y socavar la democracia.
Cuarenta y dos países han emitido sanciones individuales o colectivas contra el Fiscal General por corrupción e intentos de subvertir la democracia. Entre ellos se encuentran la Unión Europea (integrada por 27 Estados) y los gobiernos de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Montenegro, la República de Moldavia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, el Reino Unido y los Estados Unidos.
La legislación guatemalteca no prevé un mecanismo independiente e imparcial para exigir responsabilidades al Fiscal General, tal como lo exige el derecho internacional. El único medio para exigir responsabilidades al Fiscal General es su destitución sobre la base de una condena penal firme por un delito intencional cometido durante el ejercicio de sus funciones. Cualquier investigación penal contra el Fiscal General tendría que ser iniciada por el Ministerio Público, que él o ella dirige, y por personal que es jerárquicamente inferior a él o ella, o por un “fiscal especial” externo que es designado por el Fiscal General y puede ser destituido por él. La estructura jerárquica del Ministerio Público hace que sea prácticamente imposible exigir responsabilidades al Fiscal General por mala conducta.
Para remediar esta situación, el informe llama al Estado de Guatemala a adoptar las siguientes acciones:
- Garantizar que el Ministerio Público y sus fiscales actúen con imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
- Implementar procedimientos disciplinarios justos y transparentes para responsabilizar a los fiscales por mala conducta.
- Garantizar la independencia de las investigaciones, especialmente de figuras como el Fiscal General de la República.
- Reformar las leyes y reglamentos de Guatemala para que la estructura jerárquica del Ministerio Público no sea un obstáculo para que funcionarios de alto nivel de ese organismo rindan cuentas por mala conducta.
El informe completo está disponible en inglés y español
Los fiscales y jueces guatemaltecos sancionados internacionalmente
En febrero de 2024, la Unión Europea sancionó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y a otros cuatro funcionarios de la Fiscalía por “acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”, según un comunicado.
La oficina de la Unión Europea en Guatemala, dio a conocer que fueron sancionados por sus acciones ilegales, el juez Fredy Orellana, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, José Rafael Curruchiche, y dos miembros más del Ministerio Público guatemalteco: el secretario general, Ángel Arnoldo Pineda, y la fiscal Leonor Morales.
