En Guatemala resurge la tensión entre el presidente Bernardo Arévalo y la Fiscal General Consuelo Porras, una funcionaria acusada de cientos de casos de corrupción, que fuera nombrada en forma inconsulta por el anterior gobierno del derechista Alejandro Giammattei, al que el Ministerio Público y sus fiscales sirvieron para ocultar múltiples acciones presuntamente delictivas, según una enorme cantidad de denuncias de personas afectadas por las decisiones de esa Fiscalía.
El presidente Arévalo intenta, por medios legales, destituir a la fiscal general que se niega a abandonar el cargo a pesar de las causas en su contra. Los fiscales que la secundan, también acusados de intentar dar un golpe de Estado para impedir que Arévalo asumiera la presidencia del país.
La fiscal Porras,sus fiscales y un juez, sancionados por EEUU, la Unión Europea y Canadá
En mayo de 2022, Estados Unidos, a través de un comunicado del Departamento de Estado, dijo que ha sancionado a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta de Porres, debido a su participación en hechos significativos de corrupción (a favor del presidente Giammattei). Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción.
En febrero de 2024, la Unión Europea sancionó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y a otros cuatro funcionarios de la Fiscalía por “acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”, según un comunicado.
La oficina de la Unión Europea en Guatemala, dio a conocer que fueron sancionados por sus acciones ilegales, el juez Fredy Orellana, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, José Rafael Curruchiche, y dos miembros más del Ministerio Público guatemalteco: el secretario general, Ángel Arnoldo Pineda, y la fiscal Leonor Morales.
También en febrero de este año, el Ministerio de Exteriores de Canadá sancionó a cuatro funcionarios guatemaltecos, en línea con aliados internacionales, como Estados Unidos y países europeos, que están preocupados por la democracia y el estado de derecho en la nación centroamericana.
Canadá anunció sanciones para cuatro funcionarios guatemaltecos “implicados en socavar la democracia y el estado de derecho” en la nación centroamericana, entre ellos la fiscal general y titular del Ministerio Público, María Consuelo Porras, la fiscal Cinthia Monterroso; el fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público, José Rafael Curruchiche y el juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez.
