El expresidente Jair Bolsonaro, a través de su defensa, solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) la devolución de su pasaporte, el cual fue incautado en el marco de la Operación Tempus Veritatis , que investiga la existencia de una organización criminal que presuntamente planeó un golpe de Estado en el país.
Los abogados argumentan que la incautación no cumple los requisitos legales, ya que, según la defensa, no se ha demostrado, por ejemplo, un riesgo real de fuga. Piden que se sustituya la retención del pasaporte por la obligación de pedir permiso para salir del país por más de siete días.
En la solicitud, la defensa sostiene que Bolsonaro “desde el inicio del proceso ha cooperado irrestrictamente con las autoridades, apareciendo puntualmente en todas las llamadas y colaborando activamente para esclarecer los hechos”.
La incautación del pasaporte fue ordenada por el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, a pedido de la Policía Federal y con la aprobación del Ministerio Público. Esta fue la única medida de precaución dirigida a Bolsonaro. A los demás investigados, incluidos militares de alto rango, también se les confiscaron sus pasaportes y se les prohibió comunicarse entre sí.
La defensa del expresidente sostiene también que la retención del pasaporte vulnera el derecho de circulación y habría adquirido el carácter de anticipación de una pena. Para los abogados, Bolsonaro “está siendo tratado como culpable, no sólo por este Tribunal sino también por los medios de comunicación”.
En la petición, los abogados añaden que a lo largo de 2023 Bolsonaro solo necesitó ausentarse del país una vez, para asistir a la toma de posesión del presidente argentino Javier Milei, y que informó con antelación a la Corte Suprema sobre el viaje.
Sospechas: El magistrado de TSJ, Alexandre de Moraes, que persigue a Bolsonaro, es considerado como izquierdista
El ministro y magistrado Alexandre de Moraes es un juez comprometido con la izquierda, según revela su biografía; fue miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
En enero de 2002, dejó el Ministerio Público y fue nombrado secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía de São Paulo por el gobernador Geraldo Alckmin, hoy vicepresidente de Brasil, ejerciendo el cargo hasta mayo de 2005. También acumuló, de agosto de 2004 hasta mayo de 2005, la presidencia de la antigua Fundación del Bienestar del Menor (Febem/SP), hoy Fundación CASA.
