La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo organismo de ese país, ha salido al paso de un nuevo intento de la Fiscalía guatemalteca de impedir que el gobierno electo asuma constitucionalmente el mandato al frente del Estado el próximo domingo.
El Ministerio Público de Guatemala, considerado como un ente golpista, es acusado de no ser independiente y de acatar las órdenes del actual gobierno.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala a través de un comunicado, expresó que la vicepresidenta electa, Karin Herrera Aguilar, goza de inmunidad y no puede ser arrestada por ninguna autoridad.
La vicepresidenta electa solicitó en las últimas horas un amparo legal para evitar su detención, conociendo que se pediría un arresto en su contra por parte del Ministerio Público.
En 2023, la Fiscalía en su desesperación para evitar que asuma el gobierno electo, intentó vincular a la vicepresidenta Herrera con presunto caso de daños contra el patrimonio que se habría cometido en las instalaciones de la Universidad de San Carlos.
El Parlamento Europeo pide sanciones para los fiscales golpistas
Días atrás, en una resolución aprobada con 432 votos a favor, 9 en contra y 39 abstenciones, el pleno del Parlamento Europeo denuncia el intento de golpe de Estado, sobre la base de «acusaciones infundadas de fraude», y rechaza todas las acciones de algunas autoridades del país que «conculcan manifiestamente la Constitución guatemalteca, el Estado de Derecho, la integridad del proceso electoral y los principios más fundamentales de la democracia, incluida la separación de poderes».
Los eurodiputados trasladan su respaldo al presidente electo, Bernardo Arévalo, líder del Movimiento Semilla, y reclaman una transición ordenada que concluya en su investidura como 52 presidente de Guatemala el 14 de enero próximo. La Cámara hace hincapié en que la misión de observación electoral de la UE determinó que las elecciones fueron transparentes y estuvieron bien organizadas, «sin hallar ningún motivo para alegar fraude».
El texto insta a las autoridades, y en particular a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y el presidente Alejandro Giammattei, a tomar medidas para proteger el orden constitucional y el Estado de Derecho y a asegurar que se respeta la voluntad de los ciudadanos guatemaltecos expresada en las urnas.
Los eurodiputados también quieren que los responsables de la obstrucción democrática rindan cuentas y piden al Consejo que adopte sanciones –incluida prohibición de viajar y congelación de activos- contra la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul, el juez Fredy Raúl Orellana Letona, la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Avila, entre otros. El Parlamento les acusa de socavar el proceso electoral de 2023 y de instrumentalizar sistemáticamente la justicia para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a la oposición.
