En un acuerdo que no tiene antecedentes en la historia de Argentina, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, le dio potestades de policía al sindicato peronista de los camioneros que llevará los controles en el programa Precios Justos en supermercados.
La resolución, carente de bases jurídicas según los especialistas, ha provocado el rechazo de la sociedad y de los comerciantes y desde la oposición se ha denunciado penalmente al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por autorizar esta medida de que un sindicato se convierta en fiscal sin tener legalmente atribuciones para hacerlo.
La opositora Coalición Cívica, encabezada por la dirigente Elisa Carrió. “Massa, Tombolini y Fernández están quebrando el estado de derecho incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales. Hoy se hace la denuncia penal”, publicó desde sus redes sociales la organización.
De esta forma denuncian al gremio de Camioneros por “usurpar funciones públicas” en el control de precios.
https://twitter.com/elisacarrio/status/1615105980655706139
Según consigna INFOBAE, también la Fundación Apolo, por medio de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Patiño, presentó este lunes una denuncia penal contra Tombolini, al que acusa de incumplir los deberes de funcionario público. La presentación incluye al líder de la Rama Logística del Sindicato de Camioneros, Oscar Borda, y a otros integrantes del gremio, al entender que estarían “usurpando funciones públicas” en el marco de los controles. “El deber de fiscalizar precios es de la Secretaría de Comercio, no de la mafia sindical”, agregó el texto de la denuncia.
El sindicato Camioneros de Argentina esta presidido por el cuestionado kirchnerista Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano.
