Ante las contundentes pruebas en su contra en la causa judicial “Vialidad”, que investiga el otorgamiento en forma ilícita de obras públicas durante sus mandatos, la vicepresidenta Cristina Kirchner, tiene claro que todo terminará en una dura condena en su contra por una megacausa donde la concesión de enormes obras estatales a lo largo y ancho de Argentina, iban dirigidas a las empresas de Lázaro Báez, testaferro del matrimonio Kirchner.
La vicepresidenta argentina, solicitó la recusación del fiscal Diego Luciani y del presidente del tribunal que lleva adelante un juicio oral en su contra, Rodrigo Giménez Uriburu, tras la aparición de unas imágenes en las que se ve a ambos jugando un partido de fútbol, como si eso fuera un causal de reprobación.
Desesperada y sin argumentos Cristina Kirchner trata de frenar un juicio, ya comenzado y donde el fiscal Luciani ha presentado pruebas contundentes y bien fundamentadas que demuestran que la hoy vicepresidenta es la jefa de una trama de corrupción.
La exmandataria (2007-2015) había adelantado que pediría el apartamiento de ambos funcionarios, intervinientes en el debate oral que tiene enjuiciada a la expresidenta y a otras doce personas por el direccionamiento de 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su gestión (2007-2015) y la del presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
