El expresidente Uruguay, José “Pepe” Mujica, ha firmado una carta de repudio en contra del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, donde Mujica, junto a 140 firmantes de colectivos de izquierda de la región, rechazan las recientes acciones del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La misiva también la firmó Lucía Topolansky, actual senadora y ex primera dama de Uruguay. Sin embargo, analistas políticos señalan que la situación es similar en Venezuela y en Cuba y Mujica no se manifiesta en contra.
La escritora mexicana Elena Poniatowska – ganadora del Premio Cervantes– puso su firma en la declaración política suscrita por más de 140 intelectuales y dirigentes de izquierda de la región.
La dura carta expresa que: “Es difícil saber si Daniel Ortega se enfermó por el poder, está enfermo por mantener el poder o ambas cosas, pero esto -ahora y a efectos prácticos- no importa. Lo cierto es que un hombre que en su historia registra hechos loables (como su participación en la lucha antisomocista o cuando, aceptando su derrota electoral de 1990, entregó, como corresponde, la presidencia a su sucesora, Violeta Barrios de Chamorro, de la alianza opositora) se ha transformado en un presidente autócrata y autoritario, aliado, hasta hace poco, a las grandes fortunas (Consejo Superior de la Empresa Privada mediante), capaz de reprimir sin piedad a su pueblo, junto con el cual no supo, no quiso o no pudo construir calidad de vida ni una institucionalidad democrática, transparente, que le permitiera realizar, en libertad, pacíficamente, su destino”, dice la misiva.
“Vistos desde nuestras latitudes, los sucesos actuales pueden parecer una inesperada caída al abismo. Sin embargo, no lo son. Ortega y el sector del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lo sigue fueron transitando un largo proceso de deterioro, que registra episodios de corrupción, abandono de principios, enriquecimiento ilícito, maniobras y acomodos junto con la peor derecha, destinados a amasar fortunas y a perpetuarse en el poder. Todo esto fue pasando, para la mayoría de nosotros, que lo observamos desde la lejanía poco informada, bastante inadvertido”, agrega el mensaje público.
El documento agrega que Daniel Ortega tuvo “un enorme enriquecimiento a partir de 1990 y más aún desde su vuelta al poder en 2007”.
La carta condena varias de las acciones de Daniel Ortega:
- Los pactos electorales que hizo con el empresario y dirigente derechista Arnoldo Alemán (presidente de Nicaragua entre 1997 y 2002, famoso por la «derivación» de millones de dólares del Estado a cuentas personales y familiares), destinados a bajar el porcentaje de votos necesarios para conquistar la presidencia y obtener la reelección presidencial, que ahora transformó en indefinida.
- Su persecución, ya nuevamente como gobernante, de los veteranos sandinistas y las organizaciones que crearon después de irse de «su» partido, que llevó a Dora María Téllez a hacer, en 2008, una huelga de hambre en el centro de Managua, que logró una gran repercusión y solidaridad popular, a la cual apoyaron con una carta, entre muchos intelectuales, Noam Chomsky, Juan Gelman, Eduardo Galeano y Mario Benedetti.
- Su cruel hostigamiento al poeta y sacerdote Ernesto Cardenal (el mismo que, por ser ministro de la revolución sandinista, debió soportar las iras y las sanciones papales), imponiéndole desde el Estado, en 2017, una multa de 800 000 dólares (¡!) por el uso indebido de predios e infraestructura (una escuela de formación de líderes campesinos construida por la revolución del 79, posteriormente transformada en hotel) en los terrenos de lo que fue aquella comunidad de Solentiname, que pertenecen -como sostuvo Cardenal- a la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, pero que la viuda de su administrador reclama como propiedad privada.
“Exigimos al Gobierno de Nicaragua que cese la persecución y la represión, que libere a los presos políticos y respete el Estado de derecho”, piden los firmantes de la carta
Los firmantes de la carta puntualizan: “Los derechos humanos no son una concesión graciosa de los Estados y sus gobiernos: son conquistas de los pueblos. Los Estados que los reconocen y plasman en distintos instrumentos jurídicos tienen el deber de promoverlos y respetarlos. Para conquistarlos fue necesaria una infinidad de luchas de distinto tipo, en distintos lugares y épocas, con distintas inspiraciones filosóficas, políticas y religiosas…Una vez más con preocupación, con pena y con fuerza, nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al Gobierno de Nicaragua que cese la persecución y la represión, que libere a los presos políticos y respete el Estado de derecho”.
