Estados Unidos prepara sanciones contra Nicaragua como represalia por el arresto de la opositora y candidata presidencial, Cristiana Chamorro, bajo prisión domiciliaria desde el miércoles, adelantó a la Voz de América un funcionario de alto rango de la Casa Blanca.

El gobierno del presidente Joe Biden, “definitivamente” planea usar una ley aprobada por el Congreso en el 2018 -conocida como Nica Act– que permite imponer sanciones a funcionarios o exfuncionarios nicaragüenses, dijo a la Voz de América Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

EE. UU. pidió el viernes la inmediata liberación de Chamorro, después de que parte de la comunidad internacional rechazara la detención de la política, quien lidera las encuestas como la favorita para derrotar al presidente Daniel Ortega en los próximos comicios generales programados para noviembre.

González dijo que EE. UU. está en “conversaciones” con gobiernos de Europa y Latinoamérica que ‘comparten la preocupación’ por la situación en Nicaragua, para no “responder de manera unilateral”.

“Lo que está pasando en Nicaragua debe ser preocupante para toda la región (…) ni están fingiendo la democracia”, argumentó el asesor del presidente Joe Biden.

El funcionario agregó que el gobierno nicaragüense ha cerrado la puerta a la negociación y no ha “demostrado interés ni en hablar” con EE. UU.

Tanto la ONU, como la Unión Europea rechazaron el arresto de Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Legisladores en EE. UU., incluyendo algunos de los que pasaron en el 2018 el Nica Act, también condenaron las acciones de Ortega contra Chamorro, haciendo sonar las alarmas ante lo que consideran es una afrenta contra las elecciones libres en el país centroamericano.

Los congresistas Albio Sires y Mark Green pidieron que tanto EE.UU. como la Unión Europea y países en Latinoamérica impongan sanciones coordinadas contra los funcionarios y agentes de policía involucrados en el arresto de Chamorro y el allanamiento de su casa.

Chamorro fue arrestada como parte de una investigación de la Fiscalía de Nicaragua a raíz de unas supuestas inconsistencias e indicios de “lavado de dinero”, presuntamente encontrados en la Fundación Violeta Barrios en los últimos años. A la opositora se le acusa de delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, en perjuicio del Estado de Nicaragua, por medio de la fundación.

Ortega ha acusado a EE.UU. y la Unión Europea de intervencionismo y al gobierno estadounidense de formar una alianza con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para desestabilizar su gobierno.

Eurodiputados piden suspender acuerdo de la Unión Europea con Nicaragua

Un grupo de eurodiputados expresaron este viernes su preocupación por los últimos acontecimientos políticos en Nicaragua, como la detención de Cristiana Chamorro, la principal opositora en el país por orden de un juez, así como el allanamiento al medio Confidencial, y la cancelación de personerías jurídicas a partidos críticos al presidente Daniel Ortega.

En una misiva enviada al jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, pidieron que de continuar “la situación de violación a los derechos humanos y libertades fundamentales”, se suspenda el acuerdo de la Unión Europea con Nicaragua.

Los eurodiputados manifestaron que Ortega no ha dado muestras de querer realizar un proceso electoral transparente en las elecciones previstas para el 7 noviembre en Nicaragua, y por el contrario “las reformas electorales, aprobadas en la Asamblea Nacional, no responden a los parámetros establecidos por la comunidad internacional”.

Los eurodiputados señalan que la escogencia de un Consejo Supremo Electoral, cuyos magistrados son militantes y simpatizantes del Partido Sandinista; el despojo arbitrario de la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática, único vehículo electoral con el que contaban las organizaciones de la Coalición Nacional, entre otras medidas “demuestran que así sólo participarán en las elecciones los partidos y personas decididas por el régimen de Daniel Ortega”.

Indican que “pareciera que el objetivo de Ortega es seguir los pasos de dictadores y tiranos populistas de la región e intentar permanecer en el poder a costa de la libertad, la justicia, la prosperidad, y la democracia en su país”.

La carta que cuenta con la firma de trece eurodiputados de Vox, Ciudadanos y PP, advierte que “es esencial que la Unión Europea, ahora más que nunca, tienda su mano al pueblo nicaragüense y condene de inmediato las actuales condiciones que llevarán a un fraudulento proceso electoral, ante el cual no enviará misión de observación electoral si no cumple con las garantías mínimas para que se lleve a cabo”.

Desde que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua convocó a elecciones para este año, este poder del Estado, señalado de ser afín al presidente Ortega, ha sacado de la contienda al menos a dos partidos políticos opositores.

Por otro lado la justicia nicaragüense igualmente señalada de ser parcializada, inició una supuesta investigación contra Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que derrotó a Ortega en las elecciones de 1990.

Cristiana Chamorro lidera en las encuestas como la opositora que podría poner fin a los más de 14 años de gobierno de Ortega, quien volvió al poder en 2006.

Chamorro ha dicho que Ortega “tiene terror” al fantasma de 1990, en referencia a la derrota frente a su madre Violeta Barrios.