Para analizar sin fanatismos la decisión del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de no reelegir a Paulo Abrao como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conviene poner las cosas previamente en su justo lugar.
Se debe recordar que el 27 de julio de 2016 un comunicado oficial de la CIDH expresaba textualmente: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccionó hoy a Paulo Abrão para el cargo de Secretario Ejecutivo, y, acorde con los términos del Artículo 11 de su Reglamento, remitió su nombre al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien confirmó la selección y lo designó para el puesto por un período de cuatro años.
¿Qué ocurrió desde esa fecha hasta hoy para que el jefe de la OEA no revalidara un segundo periodo de Abrao en el cargo?. Muy sencillo, en estos años llegaron a la OEA 61 denuncias contra el directivo de origen brasileño por supuesto acoso laboral, manipulación de concursos y contrataciones.
¿Qué debería hacer Almagro; ocultarlas?. ¿Dejar de lado los valores básicos de la organización y no investigar la veracidad o falsedad de las mismas?. Los que denuncian a Paulo Abrao son funcionarios de la CIDH, que si fueron hostigados y acosados tienen derecho a que sus voces y reclamos sean escuchados y la situación no debe ser cubierta bajo un manto de silencio. Eso sería complicidad y además un delito.
Almagro respondió a la CIDH: “Reitero, asimismo, que de ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias. Más allá de la presunción de inocencia es desconocer la gravedad que tienen estos hechos y que la CIDH tuvo más de un año para materializar esa presunta inocencia trasladando lo informado por la Ombudsperson a las instancias de la OEA correspondientes”, agregó.
Almagro dijo que existe cierta “campaña de desinformación” que intenta hacer creer que él está vulnerando la autonomía de la CIDH.
Sostuvo que velará por la autonomía e independencia de la CIDH; sin embargo, dijo que espera la “máxima responsabilidad” de la comisión para que la persona que sea designada tenga “idoneidad personal, moral y profesional”.
Afirmó que le “llama la atención” que en la CIDH consideraran que la persona más apta para el cargo es alguien con 61 denuncias pendientes.
“Estos días me han hecho pensar mucho en la situación de las víctimas de acoso laboral (…) La situación que viven, cómo el sistema los invisibiliza, los enmudece, los aplasta. Cómo de pronto son lo menos importante de todo. Como el acusado mueve el sistema, como el sistema lo arropa sin importar nada y aún menos los derechos de las eventuales víctimas (…) Eso ya no es complicidad pasiva, eso es encubrimiento activo”, puntualizó Almagro.
Algunos medios en forma sesgada entienden que el actual secretario general no tiene potestades legales para vetar la continuidad del brasileño Paulo Abrao en el cargo y temerariamente destacan esta situación.
¿Entonces si Almagro tuvo esas facultades para confirmar la selección y designar a Abrao en 2016 ahora, en 2020, no las tiene?. ¿Si el jefe de la OEA carece de potestades legales para rechazar la designación para qué -desde la CIDH- la elevan para su conformidad?.
Hace bastante que la estamos pasando mal”, dijo a Infobae una empleada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando se le consultó sobre el tiempo al frente de ese organismo de Paulo Abrao, el secretario ejecutivo que lo condujo los últimos cuatro años y creó una división interna inédita para la historia de la institución. Bajo total anonimato por temor a represalias, la mujer insistió: “Esto es un alivio”.
El mismo portal argentino expresa: “Amamos a la Comisión y Abrao no le va a hacer más daño”, comentó otra mujer con 20 años de antigüedad en el organismo quien aseguró haber padecido “el aislamiento” y la “humillación” constante por parte del brasileño. A tal nivel que estuvo a punto de ser internada por cuestiones psiquiátricas. “Esta decisión implica una recuperación en la confianza a la OEA”, añadió la abogada con amplia experiencia en derechos humanos. Los mensajes entre los trabajadores que padecieron cuatro años “de pesadilla” se multiplican: “Una antigua compañera me llamó llorando diciéndome que la lucha finalmente había valido la pena”.
Otra abogada que habló con Infobae sobre los años de Abrao al frente de la Comisión señaló que sus “voces fueron invisibilizadas” y que le extrañaba que nadie internamente se preguntara qué podría pasar con “las víctimas” siendo que se trataba de una organización que defendía los derechos humanos. “Sufría persecuciones internas, humillaciones públicas, degradación constante, aislamiento y apartamiento de mis tareas… todo este maltrato me llevó a una profunda depresión, a tener ideas suicidas”.
Entre los mecanismos de acoso que fueron denunciados, se destacaba el maltrato y el aislamiento al que eran sometidos empleados históricos de la organización internacional. “Abrao mentía, miente sistemáticamente. Creó un ambiente de trabajo perverso. Es un maestro de la manipulación. Y cuando uno lo confrontaba con los números que quería adulterar, se defendía diciendo que le faltábamos el respeto. Acto seguido, los comunicados y tuits con números erróneos eran emitidos, pese a todo”, contó una fuente, que por ahora se mantiene en el anonimato para evitar las represalias.
Todo demasiado confuso y sesgado. ¿Qué miedo le tienen a una investigación con todas las garantías para que la verdad surja? La propia CIDH debería estar al frente de las investigaciones y escuchar las voces de sus propios funcionarios, eso sería transparencia.
La incoherencia de la CIDH
Por otro lado las declaraciones de Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre Uruguay, marcan un perfil de la entidad interamericana totalmente sesgado con una visión dirigida a un solo que no le permite ver otras realidades. Hablan solo de las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar, pero ignoran deliberadamente las terribles acciones de los terroristas Tupamaros en contra de los ciudadanos uruguayos en la misma época.
Urrejola en una entrevista concedida al diario uruguayo El País, dice “En mi última visita de trabajo a Uruguay, el año pasado, hubo algo que me llamó la atención: cómo una sociedad tan democrática y pluralista, como la uruguaya, no ha avanzado en las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Preocupa la alarmante impunidad que existe en el país por las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. El caso Gelman es el más emblemático porque llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero no es el único”.
Pero a la vicepresidenta de la CIDH, no le preocupa que el anterior gobierno de izquierdas, otorgara “jubilaciones especiales y pensiones reparatorias que otorga el BPS (Banco de Previsión Social) con el objetivo de indemnizar a las personas que por motivos políticos, ideológicos o gremiales, se vieron obligadas a abandonar el territorio nacional, fueron detenidas o despedidas de sus trabajos entre 09/02/1973 y el 28/02/1985. De acuerdo a lo establecido en la ley que las ampara (Ley 18.033), tendrán derecho también sus causahabientes”.
Pero a las víctimas del terrorismo de la guerrilla urbana de los Tupamaros, nada, ni una pensión ni ayuda económica de ninguna especie y menos un reconocimiento.
Para la CIDH los muertos por la guerrilla armada no cuentan y ni hablar de resarcirlos. No les importa en lo más mínimo. ¿Son víctimas de segunda clase?. Parecería que si. ¿Por ellos no piden?
En un editorial el diario EL PAÍS de Montevideo del 10 de octubre de 2017, se explican claramente los hechos y que seguramente la CIDH los conoce pero calla:
Es una injusticia que se arrastra desde hace más de tres décadas: los familiares de las víctimas de los tupamaros nunca fueron compensados ni recibieron reparaciones ni reconocimientos de especie alguna. Entre ellos había policías, militares y simples civiles; 66 personas en total. Los uniformados murieron en defensa de las instituciones en tanto que los civiles fueron víctimas de actos terroristas cometidos por un grupo alzado contra el sistema democrático para instaurar un régimen castrista en Uruguay.
Para familiares de víctimas del terrorismo de Estado, para tupamaros, presos políticos, destituidos, perseguidos y demás damnificados por la dictadura se dictaron leyes de reparación que el Estado cumplió escrupulosamente. La inequidad entre ambas situaciones saltó a la vista hace tiempo, tanto que el propio Tabaré Vázquez en su primer gobierno propuso legislar para atender a estas otras víctimas olvidadas. Su propio partido político desestimó la iniciativa y algo similar pasó con proyectos que en su momento presentaron blancos y colorados.
Urrujola no habla y la CIDH tampoco de la enorme indefensión en que han quedado las víctimas de los Tupamaros.
