La empresa de navegación fluvial entre Uruguay y Argentina, Buquebus, del magnate Juan Carlos López Mena, tiene dos formas de actuar según el país y mientras en uno acusa miseria, en el otro demuestra poderío económico como demostramos a continuación.
El pasado 10 de abril, el ferry rápido “Francisco Papa”, realizó pruebas de atraque en el muelle de Piriápolis en Uruguay, para retomar en el próximo verano los viajes entre Buenos Aires y esta ciudad balnearia cercana a Punta del Este, tarea que insumirá un alto costo económico, porque tendrá que construir una terminal, acondicionar el muelle y todo el entorno para recibir y embarcar pasajeros y vehículos. Lo paradójico es que López Mena abandonó años atrás esta misma ruta por considerarla poco rentable.
Ahora vaya uno a saber por qué pretende retomarla, pero sería una forma de presionar y agradar a las autoridades uruguayas para que le otorguen el Dique Mauá en la rambla de Montevideo para su terminal central, una solicitud que le fuera negada en su momento.
Pero mientras en Uruguay demuestra poderío económico, en Argentina la empresa Buquebús pidió al Ministerio de Trabajo la apertura de un procedimiento preventivo de crisis que le permita suspender desde el 1º de abril y sin el pago de los sueldos a todo su personal en la Argentina, que alcanza a unas 500 personas, a raíz de “la falta de trabajo” y las causas de “fuerza mayor” por el cierre de las fronteras dispuesto por el Gobierno argentino para frenar el avance del coronavirus.
En Argentina se encendieron las alarmas ante esta doble posición de López Mena y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), contestó hoy el traslado que le hiciera el Ministerio de Trabajo por pedido de la empresa Buquebus, al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), rechazando lo solicitado y pidiendo que se fije una audiencia en los plazos fijados por la ley.
“Tenemos una permanente vocación de diálogo -señala el comunicado del SOMU-, sobre bases serias y razonables y a la altura del actual contexto”, remarcaron “pero es inadmisible que una empresa próspera como Buquebus, pida un PPC para suspender o despedir a todo su personal”, dice la dura declaración del sindicato marítimo argentino.
Por su parte, el SOMU subrayó que “el decreto 329/2020” que firmó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, prohíbe los despidos y suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de 60 días.
“Hemos presentado hoy un escrito en el Ministerio de Trabajo para impugnar los argumentos de la empresa, por considerar que incumple el decreto oficial que prohíbe los despidos aprovechándose de una situación de extrema necesidad para dejar a los trabajadores sin cobertura económica y sin aportes para la obra social en medio de una pandemia como la que está viviendo no sólo la Argentina sino el mundo entero”, concluyó.
Por otra parte, el comunicado del SOMU remarca que “Buquebus ha hecho pública una cantidad importante de inversiones millonarias como la ampliación de la Terminal Puerto Madero, con un costo de US$ 85 millones; un nuevo barco para la ruta Buenos Aires – Colonia con capacidad para 2.100 pasajeros y 235 autos, siendo la inversión total de US$ 139 millones y una planta de energía fotovoltaica en su terminal cuyo proyecto es superior a los US$ 190 millones”, señalaron.
Por último, indicaron que “los citados antecedentes dan cuenta, sin lugar a dudas, que Buquebus es una empresa pujante, sólida y en proceso de expansión y crecimiento; sería injusto que, sin siquiera reunir los requisitos que impone la ley (balances incompletos, personal afectado, etc), se le otorgue un Procedimiento Preventivo de Crisis que desampara a todos los trabajadores”, concluye el comunicado del SOMU.
