La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno de Nicaragua, encabezado por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega a que tome medidas inmediatas para poner fin a la tortura y las detenciones arbitrarias que ocurren en el país, al tiempo de que libere a todas las personas privadas de su libertad por manifestar opiniones en contra del Ejecutivo.
“Los funcionarios del Gobierno han recurrido a la retórica para desacreditar y atacar a los defensores de derechos humanos, los periodistas y las personas críticas con el Gobierno. Esta situación ha conducido a una reducción continua y notable del espacio cívico”, asegura la Oficina de Bachelet.
Las declaraciones las realizó Bachelet en el marco de la entrega de un nuevo informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos este viernes, donde denuncia la poca voluntad política mostrada por el gobierno de Daniel Ortega para frenar este tipo de actos, al tiempo de existir una consolidación de la impunidad por la violación de los derechos humanos desde que comenzó una grave crisis en abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social.
“La Oficina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han documentado graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas. Sin embargo, las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad”, advierte la ONU.
Ante esto el dossier detalla que el Ejecutivo se desentiende de los hechos de violencia ocurridos en el país, argumentando que los manifestantes, líderes sociales y los defensores de los derechos humanos son los que propician este clima de violencia con el fin de desestabilizar al gobierno, además de generar una repercusión negativa en la economía del país.
El informe recalca que se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo.
