La Organización de Naciones Unidas – ONU lamentó la decisión tomada por el Ejecutivo de Guatemala encabezado por su presidente Jimmy Morales de frenar las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instancia creada el 12 de diciembre de 2006 con el objetivo de frenar la corrupción en el país. La ONU reiteró que, a pesar de esto, el acuerdo se mantendrá hasta septiembre, como fue estipulado originalmente.
El jefe de Estado guatemalteco argumentó que la CICIG ha violado las leyes de Guatemala, leyes internacionales, la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU y todos los tratados en materia de derechos humanos.
“El Estado de Guatemala da por terminado el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales sin responsabilidad para el Estado de Guatemala”, afirmó.
De la misma forma acusó que el organismo ha intervenido la justicia negociando con criminales, secuestradores, asesinos y terroristas. Tal como ha quedado al descubierto con el testimonio de algunos de los afectados y pruebas presentadas ante la justicia nacional e internacional.
“La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha transgredido su mandato en repetidas ocasiones y lo ha hecho durante la administración de sus tres comisionados”, dijo.
En este sentido la Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel expresó que el Ejecutivo tomó la decisión “de acuerdo con sus facultades exclusivas que le otorga la Constitución”, así como “las facultades legales que le otorga el derecho internacional” por considerar que la ONU ha cometido una “violación grave” del acuerdo.
Ante esto el portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, Stepháne Dujarric afirmó que el acuerdo seguirá vigente hasta septiembre de 2019, fecha tope estipulada en un principio por las partes para reglar las acciones del organismo en la nación centroamericana.
“En lo que a nosotros respecta, el acuerdo se mantiene hasta septiembre. El trabajo de la Comisión continuará, y ahora el Comisionado Iván Velásquez está evaluando con su equipo cómo hacerlo”, aseguró.
Por otra parte la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas criticó la decisión del gobierno de Guatemala, asegurando que la medida es un nuevo atropello a la lucha contra la impunidad en el país.
“Esta decisión del gobierno de Guatemala es un nuevo atropello a la lucha contra la impunidad y deja en evidencia su grave despreocupación por construir un sistema de justicia independiente que garantice plenamente el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas en Guatemala, incluyendo el derecho a la justicia y la reparación adecuada para las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, afirmó.
