Quito, (Andes).- Con el objetivo de avanzar en las conversaciones para obtener la información acerca de los posibles actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga y el Procurador, Diego García, se reunieron el pasado martes y miércoles en Washington con representantes de la compañía.
Los funcionarios ecuatorianos buscan además un acuerdo de reparación integral indemnizatoria al Estado ecuatoriano, por los daños que hayan generado los actos ilícitos en los procesos contractuales celebrados en el país.
Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han firmado ningún tipo de acuerdo con la empresa, y han exigido a Odebrecht que entregue de manera completa y detallada toda la información que previamente ya fue suministrada a las autoridades de la Fiscalía de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Además, se incluye la información sobre el esquema de corrupción y las personas que fueron parte del mismo, particularmente la forma cómo llegaron a establecer la cifra de coimas por 33,5 millones de dólares y utilidades 116 millones, además de la identificación de los contratos que están involucrados en dichos ilícitos, información que aún no ha sido proporcionada por la empresa.
Solamente cuando se hayan conocido los contratos, el esquema de corrupción utilizado, los montos entregados y la forma como se movió o transfirió ese dinero, se podrá determinar cuáles son las instituciones involucradas y establecer la cuantificación del perjuicio ocasionado, señala un comunicado de la Procuraduría.
Con estos datos se podrá calcular una cifra de indemnización. Sin la información concreta sobre el perjuicio causado, no se puede concretar el monto del daño y la indemnización, indica la comunicación que afirma que el Estado ecuatoriano continuará en la búsqueda de llegar a un acuerdo con la Empresa Odebrecht para acceder a la información del esquema de corrupción y las personas involucradas en el país.
Según la Procuraduría, este acuerdo se alcanzaría solo si la empresa cumple con la entrega de información detallada y que se someta a las condiciones establecidas por el Ecuador, dentro del marco de las competencias constitucionales y legales de las autoridades ecuatorianas.
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