
Según Bicudo, a pesar de la advertencia dada por algunos analistas respecto al desgaste que puede causar al país un proceso de juicio político, “la ambición por poder que guía al grupo de la acusada, que se vuelve más clara cada día, sin duda se revela aún más perjudicial”.
“A la Cámara de Diputados pedimos que ponga fin a esta situación, autorizando que la Presidenta de la República sea demandada por los crímenes perpetrados y encaminando el caso al juicio del Senado Federal, para que sea condenada a la destitución y a la inhabilitación de ejercer cargos públicos por un período de ocho años”, dice el jurista en la petición.
El ex presidente de la Cámara, diputado Arlindo Chinaglia (PT), dijo que si bien respeta al ex diputado Bicudo, “no hay ningún hecho sustancial para pedir el juicio político”. “Puede haber mal ánimo, insatisfacción o crítica. Eso es propio del ambiente democrático. Ahora bien, no hay ningún elemento, en mi opinión y en opinión de juristas altamente calificados, para justificar la solicitud.” Chinaglia recordó que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, fue claro al decir que “el candidato electo tiene la carga y el bono de ejercer el mandato, y los que pierden deben esperar las próximas elecciones”.
Según Chinaglia, Bicudo tiene derecho a presentar la solicitud de juicio político, “seguramente no tiene la frivolidad que otros pudieran tener y no es la única solicitud que se presentó”. Chinaglia también afirmó que “asume que no hay ningún hecho sustancial para la solicitud”, en base a lo que dicen ex ministros de la Corte Suprema y el propio Janot.
La asesoría de la Presidencia dijo a la Agência Brasil que no hará comentarios sobre el tema.
Hasta el momento se han presentado 21 solicitudes de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Nueve fueron archivadas por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha –cuatro en febrero y cinco recientemente–. Las otras doce, incluso la de Hélio Bicudo, están actualmente en análisis.









