El informe recoge futuras recomendaciones que se pondrán en marcha, como la agilización del procedimiento burocrático a los inversores, con la posibilidad de solicitar de forma directa una autorización de residencia en aquellos casos en que el inversor se encuentre en España de forma regular, sin tener que salir al extranjero; la inclusión de la figura del representante del inversor, y una mayor seguridad a los inversores de vivienda, aceptando, por ejemplo, el contrato de arras para que puedan justificar la inversión y obtener un visado de inversión temporal de seis meses, con el fin de que puedan hacerla efectiva.
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